El caso Subvenciones permitió a las empresas de los hermanos de Ximo Puig cobrar por múltiples vías. Se hicieron con 1,2 millones de euros concedidos por el Gobierno del propio Ximo Puig, el hermano mayor de la familia. Pero lograron 0,8 millones más concedidos por la Generalidad catalana comandada por el separatista Quim Torra y del Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán. Los vídeos de la declaración judicial de Francis Puig, imputado en este caso Subvenciones, muestran el hermano del presidente admitiendo que Ximo Puig y Quim Torra se repartían los gastos que sus empresas presentaban. De ese modo, los gastos permitían un aprovechamiento mayor a la hora de lograr subvenciones. De hecho, Francis Puig reconoce que ni siquiera sabían muy bien qué gastos se estaban financiando hasta que no veían qué parte había subvencionado cada una de las administraciones.
La dinámica descrita implica una curiosa práctica. De hecho, Francis Puig afirma que desde las propias entidades públicas le hacían indicaciones de que no presentara más gastos de los necesarios para alcanzar la subvención máxima en cada sede porque, de esa manera, podía acudir a la otra administración territorial con el objetivo de rentabilidad allí esas facturas a la hora de lograr aún más ayudas públicas.
Francis Puig afirma en sus declaraciones que "incluso si hubiera otro criterio que considerara que había que declarar alguna subvención, para nosotros era imposible determinar qué ayuda nos había otorgado Valencia referida a los gastos que habíamos presentado en Cataluña porque Valencia, ni ahora ni en ningún momento, nos ha informado de qué gastos y en qué porcentajes de lo que presentamos están imputados. Con lo cual, nosotros en Cataluña era imposible que dijéramos "hemos tenido esta ayuda con los gastos de Cataluña" porque, encima, hay periodos que ni coinciden…".
La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, ya ha dado verosimilitud a las acusaciones del PP de falsedad en los documentos. Y es que el comportamiento de las propias administraciones territoriales de la Comunidad Valenciana y catalana no ha sido muy transparente: Anticorrupción ha tenido que reclamar la aportación de los gastos oficiales por parte del Gobierno del propio Ximo Puig, por ejemplo. Y es que los esquinazos se han repetido a lo largo de la investigación del caso Subvenciones.
Así, el principal organismo encargado de la lucha contra la corrupción ha reclamado toda la documentación existente sobre los gastos subvencionados por el Consell a las empresas de los hermanos Puig y de sus socios. Y esa reclamación no ha sido dirigida en exclusiva al Gobierno que comanda el socialista Ximo Puig: también a los otros dos gobiernos regionales implicados: el de Cataluña, en su momento en manos de Quim Torra, y el de Aragón del también socialista Javier Lambán.
La Fiscalía llegó a tener que pedir al juzgado nuevas diligencias por considerar que no se le había facilitado toda la documentación en poder de los organismos públicos implicados en la concesión de las ayudas. Además, Anticorrupción tuvo que exigir que se autorizara a la Policía Judicial el acceso a todos los documentos sobre las subvenciones que se encuentran en cualquier archivo o registro público (Consejería valenciana de Educación, Presidencia de la Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón y Generalitat de Cataluña). Porque la práctica de entrega de subvenciones no contó con excesivo celo en el control, pero sí la entrega en sede judicial de la documentación y facturas entregadas por las empresas del hermano de Ximo Puig.