La polémica vuelve a salpicar al Gobierno, esta vez, al ministerio de Transportes. Se compraron 31 trenes: 21 para Cantabria y 10 para Asturias. Los que deben de ser sustituidos tienen 40 años. El año en el que se inició el proceso de sustitución es 2020 para tenerlo todo operativo en 2024. El año en curso es 2023 y ha surgido este error en las mediciones. El contrato es de 258 millones de euros, un contrato muy grande en lo referente a números. Dos ministros son los que han llevado este tema desde Transportes: José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.
Antes de todo eso, en el año 2019, los trenes más moderno salen de Cantabria en dirección Cataluña (región a la que pertenecen los socios de gobierno de Sánchez). Esquerra es el partido político que más aprieta para que esto se lleve a cabo. Una vez se da a conocer que los trenes no caben por los túneles ocurren una serie de acontecimientos que van a ser explicados de forma cronológica.
El 6 de febrero se cesa al exgerente de material de Renfe Viajeros, alguien que no era responsable de lo sucedido. Con 67 años estaba ya planteándose su jubilación. Ese mismo día se cesa al exjefe de inspección y tecnología de la vía. Esta persona se iba a cambiar a puesto que ya tenía asignado.
El 20 de febrero a la vista de que esos ceses no dan sus frutos y que la opinión pública sigue enfadada proceden a despedir a más personas. El primero es Isaías Táboas. Táboas es historiador, exjefe del gabinete de Montilla y exsecretario general de presidencia de la Generalidad Catalana. Perteneciente al Partido Socialista de Cataluña. La segunda que cae ese día es Isabel Pardo de Vera secretaria de Estado y hermana de una de las fundadoras del periódico Público.
Ese mismo día 20 llega a Renfe Raúl Blanco que es el exsecretario general de Industria y que fue cesado por el fracaso del PERTE del coche eléctrico. El que fracasó con fondos europeos el PERTE de coches eléctricos es el encargado de arreglar lo de los túneles. Por último, llega a la secretaría de Estado David Lucas. Esta persona es el exsecretario general de Vivienda que negoció con PODEMOS el desastre legal que ha hundido el alquiler