Laura Borràs, presidenta del Parlament suspendida de sus funciones a raíz del juicio que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación y falsedad documental, está a un paso de asegurarse una indemnización de dos años cobrando el 80% del sueldo de presidenta de la cámara y una pensión de jubilación del 40% de lo que cobra en la actualidad, más de 150.000 euros, el más alto de los sueldos autonómicos.
Borràs, que también preside Junts per Catalunya (JxCat), fue apartada de sus responsabilidades en el parlamento autonómico tras ser encausada por un supuesto fraccionamiento de contratos para beneficiar a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017. Ahora está a la espera de la sentencia tras una vista en la que los otros dos acusados la incriminaron y también a la espera del próximo 12 de marzo, fecha en la que se cumplirán los dos años desde que fue elegida presidenta de la cámara catalana.
Según el reglamento del parlamento catalán, si consigue, como todo apunta, no ser definitivamente apartada del cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su sueldo durante dos años y una pensión del 40% cuando cumpla 65.
Al margen de esos detalles, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que el previsible relevo de Laura Borràs "será una oportunidad para rehacer acuerdos y la mayoría independentista". Sin embargo, esperarán a que los jueces del TSJC emitan su sentencia antes de tomar una determinación. JxCat también quiere que el relevo se produzca cuando se publique el fallo y siempre que resulte condenatorio. Los comunes, por su parte, exigen que se cese ya de forma definitiva a Borràs para evitar que una presidenta del Parlament sea condenada por corrupción. Los socialistas, por su parte, están a la espera, atentos a una posible condena para tratar de pactar con ERC que la presidencia de la cámara recaiga en sus filas, pues tienen 33 diputados, los mismos que ERC y uno más que JxCat.