Entre las críticas más duras a la Ley Trans destaca la nula previsión de cómo la polémica norma impulsada por Irene Montero impacta en las leyes de género aprobadas en nuestro país y, fundamentalmente, en las ayudas económicas destinadas exclusivamente a las mujeres, así como otras medidas aprobadas para favorecer su integración en determinados ámbitos, como puedan ser pruebas físicas y marcas diferentes en las distintas oposiciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por ejemplo.
A pesar de que la propia ley deja claro que, desde el mismo instante en el que un hombre se cambia de sexo en el Registro pasa automáticamente a ser considerado una mujer a todos los efectos (y viceversa), Libertad Digital ha optado por ponerse en contacto con el Ministerio de Igualdad con la finalidad de aclarar este extremo y saber si se plantea aprobar alguna salvedad a corto plazo.
El gran cambio que introduce la Ley Trans
La respuesta, aunque con rodeos, no deja lugar a dudas: una mujer trans es una mujer y, por tanto, podrá beneficiarse de cualquier cupo o ayuda destinada a las féminas. "Existen hombres y mujeres trans legalmente desde 2007, así que no cambia nada", se escudan en el departamento de prensa de Irene Montero ante el revuelo causado.
Sin embargo, olvidan que sí lo ha hecho: hasta ahora, para cambiarse de sexo, era imprescindible presentar informes médicos y haber iniciado, cuando menos, un proceso de hormonación; con la nueva ley, basta con rellenar un simple formulario, lo que, tal y como denuncian las feministas, abre la puerta a que muchos hombres digan ser trans por mero interés.
¿Fraude de ley?
"Si no es una persona trans, es fraude de ley. El cambio en el Registro es para personas trans", alegan desde Igualdad. La cuestión, en todo caso, es cómo se verifica si es o no un fraude, cuando la propia norma impide dudar de la palabra de aquel que dice serlo, bajo la amenaza de multas que alcanzan hasta los 150.000 euros.
"Todos los procedimientos del Registro están sometidos al Estado de derecho, igual que si te casas y es un matrimonio fraudulento", se limitan a responder desde el ministerio. Sin embargo, una simple consulta a los funcionarios de Justicia basta para comprobar que la comparación no tiene ningún sentido.
Los funcionarios desmontan sus argumentos
Tal y como explica Javier Jordán, portavoz de Justicia del sindicato CSIF, en el caso de los expedientes matrimoniales, "existen mecanismos por los cuales el encargado del Registro, en caso de duda, puede y debe, porque es una obligación, cerciorarse de que existe una verdadera intención de contraer matrimonio y de que el consentimiento es veraz". A tal efecto, se contemplan "una serie de audiencias reservadas a los cónyuges" y se le permite "solicitar informes de todo tipo para poder llegar a ese convencimiento".
Por el contrario, en el procedimiento del cambio de sexo, tal y como está redactado en la nueva Ley Trans, "no aparece que haya que entregar documentación alguna, por lo tanto, todo parte de una declaración de voluntad y, en ese sentido, no hay instrumentos para poder determinar si hay fraude o no, ni la ley obliga a que el funcionario público compruebe su posible existencia". Con todo, Jordán insiste en que estamos ante casos "completamente distintos".
Así, por mucho que el Ministerio de Igualdad se empeñe en defender que su ley está blindada de posibles fraudes, la realidad es bien distinta. De esta forma, si un hombre quisiera beneficiarse de cupos o ayudas reservadas para mujeres, podría cambiarse de sexo sin miedo alguno a posibles consecuencias, puesto que la piedra angular de la nueva Ley Trans es precisamente la autodeterminación.