Las leyes de género impulsadas por los distintos gobiernos socialistas comienzan a desatar la indignación de numerosos países de nuestro entorno, cuyos nacionales se ven envueltos en procesos de divorcio y custodia de menores en España. Es el caso de Polonia, donde el conocido periódico Rzeczpospolita dedicaba esta semana un durísimo artículo a nuestra legislación, denunciando la "discriminación de género" que promueve y de la que está siendo víctima Jakub de Chyzy, un compatriota que lleva años sin ver a sus hijos, después de que su exmujer secuestrara a los menores y le denunciara en falso por malos tratos.
"Desde que el Congreso de los Diputados en España aprobó por aclamación en 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha entrado en vigor la presunción de culpabilidad masculina", lamenta Piotr Solarz, profesor de la Academia de Economía y Humanidades de Varsovia. El artículo, titulado "Hombre, presunto culpable", defiende que la mencionada ley "vulnera el principio de igualdad y el derecho a la presunción de inocencia, y choca claramente con los artículos 14 y 24 de la Constitución española y con los convenios internacionales de los que España forma parte".
El poder que se otorga a las mujeres
Entre los aspectos más polémicos, destaca en primer lugar la creación de Juzgados de Violencia contra la Mujer, a los que, según explican en el citado periódico, se les otorgó "un estatus especial y unas competencias hasta entonces desconocidas". En este sentido, los polacos se muestran sorprendidos de que en España el mero inicio de un procedimiento penal por parte de estos juzgados implique "la anulación automática de las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil relativas al divorcio, a la patria potestad, a la custodia compartida o a la regulación del contacto de los progenitores con el menor".
Da igual que se trate de una denuncia falsa: "Basta con que la mujer denuncie la violencia para que obtenga la custodia exclusiva, independientemente de que se archive la causa penal contra el hombre o que éste sea absuelto". A su juicio, esto no solo constituye un hecho gravísimo, sino "un mal precedente jurídico, desconocido en cualquier otro país democrático".
La "legitimación" de los secuestros
A lo ya mencionado, el profesor Solarz añade otro aspecto "mucho más negativo" de la legislación española: "La legitimación del fenómeno de la sustracción de menores" que, tal y como subraya, ha provocado un "alarmante aumento de los secuestros parentales" en nuestro país. A propósito de este asunto, el periódico Rzeczpospolita cita al abogado español José Luis Sariego, especializado en derecho de familia, quien ya hace tiempo publicó un artículo titulado "España, paraíso legal para secuestrar a un niño". En él, el letrado aseguraba que, desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género en 2004, "casi el 100% de los secuestros parentales los cometen las madres", ya que la propia legislación española "les ampara cuando deciden secuestrar a un hijo".
"Basta que la mujer diga la palabra ‘mágica’ de que es maltratada, para que la ley le permita secuestrar a su hijo de forma impune", advertía Sariego. La prensa polaca recoge ahora sus palabras, escandalizada porque el sistema español legitime las acusaciones y denuncias falsas contra los hombres, "situando de facto a la mujer por encima de la ley y desvirtuando por completo el sentido del Convenio de la Haya".
El caso de Jakub Chyzy
El caso del polaco Jakub de Chyzy sigue el mismo patrón que otros tantos de cuantos Libertad Digital ha ido dando cumplida cuenta en los últimos años: no solo tuvo que soportar que su mujer secuestrase a sus hijos y se fugara con ellos a España, sino que ha sido víctima de varias denuncias falsas que han terminado por alejarle de los pequeños. Tal y como relata el propio Sariego, abogado del padre, la pareja vivía en Berlín. "Allí, los Servicios Sociales iniciaron una investigación ante las sospechas del colegio de que la madre maltrataba a los hijos y ante las quejas del padre de que les maltrataba tanto a ellos como a él mismo —explica a LD—, así que, cuando ella se enteró de que estaban estudiando si había que apartarla de la crianza de los niños, decidió fugarse con ellos".
En lugar de acudir a los tribunales, el hombre —un profesor universitario experto en el Holocausto— optó por viajar a España y tratar de recuperarles por las buenas. Sin embargo, "se encontró con que, nada más llegar a nuestro país, ella hizo lo mismo que Juana Rivas: poner una denuncia por malos tratos". Al contratar un abogado y personarse en el proceso, aceptó de facto que fuera la jurisdicción española la que dirimiera su caso y, aunque logró que finalmente la denuncia fuera archivada "porque era evidente que era falsa", lo más que consiguió fue la custodia compartida.
"¿Cómo podía entonces quitarle a los niños? Pues presentando otra denuncia por malos tratos, pero esta vez hacia ellos, y llevamos así tres años", lamenta el abogado, que, sin embargo, se muestra esperanzado de que éste y otros casos sirvan para movilizar a otros países para denunciar ante la UE cómo España y sus leyes de género vulneran la presunción de inocencia de los hombres y la Carta Europea de Derechos Humanos.
Las posibles denuncias ante la UE
"Yo mismo he intentado en colaboración con la asociación Justicia de Género llevar todo esto a la UE, pero lo único que hemos conseguido es que nos digan que ellos no se pueden meter en la legislación interna de los países, cuando en Polonia y Hungría sí lo están haciendo", se queja Sariego que, sin embargo, confía en que el hecho de que la denuncia sea presentada por un tercer país pueda cambiar sustancialmente las cosas.
"Por eso es tan importante el impacto que todo eso está teniendo en otros países —insiste—. Hace unos años, unos eurodiputados ingleses comenzaron a trabajar para interponer una denuncia, pero se frenó por el Brexit, así que ahora confiamos en que Polonia o Italia, que también tiene muchos casos de hombres casados con españolas en esta situación, sean los que tomen el relevo". El durísimo artículo del profesor Piotr Solarz es un primer paso. En él, se denuncia, además, la obsesión de España por ignorar el llamado Síndrome de Alineación Parental (SAP) en las sentencias judiciales, lo que, a su juicio, "ha condenado a los menores a una total falta de asistencia por parte de las instituciones del Estado".
Con todo, la prensa polaca no solo se muestra crítica con una Ley de Violencia de Género que no ha logrado su propósito, como recalca una y otra vez, sino también con la polémica Ley Rhodes de protección a la Infancia. "Ambas leyes han desvirtuado el sentido básico de la legislación, provocando numerosas tragedias humanas y abusos económicos, alienando a los menores, reduciendo el divorcio a una farsa y vulnerando uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, como es el respeto al Estado de derecho —concluye Solarz—. El niño, como eslabón más débil de la sociedad, ha sido politizado en lugar de ser protegido, ha sido reducido a la función de objeto y se ha dado prioridad a la ideología o, en palabras del legislador, a la justicia feminista".