La Policía Judicial investiga el uso del Seprona de la Guardia Civil para coaccionar a los ganaderos y forzar el pago a la trama del Tito Berni. Y, en medio de ello, el mismo equipo investigador del Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha comprobado que la Dirección General de la Guardia Civil, bajo mando de la recién dimitida María Gámez, compró drones a empresas de la trama presuntamente corrupta.
La adjudicación del contrato se realizó por parte de la Dirección General de la Guardia Civil a favor de Asesoramiento y Servicio de Drones SL. La "administradora única hasta mayo de 2022 fue Arantxa Suárez Cuevas, y desde dicha fecha Marta Isabel Suárez Cuevas, [ambas hijas del empresario conocido en la trama como Pepe el Drones] facturó a la Dirección General de la Guardia Civil, durante los años 2020-2022, un total de 37.751,59€, habiendo sido abonado una parte por el procedimiento de ACF y el resto por la adjudicación de dos contratos menores: uno de ellos por importe de 13.761,09€, por el suministro de cinco RPAS (sistema de aeronaves pilotadas por control remoto), adquiridas por el Servicio Aéreo de la Dirección General de la Guardia Civil, para ser adjudicadas al SEPRONA, en el marco del Proyecto Nature Guardians del Fondo LFIE de la UE". El segundo de los contratos públicos fue por importe de "9.021,00€, por el suministro al Servicio Aéreo de la Dirección General de la Guardia Civil de una cámara dual (DJI Zenmuse H20T + Shield Basic) 12.
Efectivamente, en los archivos de contratos públicos figuran dos contratos y sus respectivos expedientes. Uno de ellos se corresponde con el número de "expediente B/0021/M/21/6: Adquisición de 5 RPAS para el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Convocado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Adjudicado con fecha 06/agosto/2021 a Asesoramiento y Servicio de Drones SL, por un importe de 12.818,80 €(sin IVA)". Y añade la Policía que "no constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público las ofertas del resto de empresas", figurando, sin embargo, "que se presentaron tres ofertas". Tres que no se detallan.
El segundo de los expedientes fue el "B/0228/M/22/6" para la "adquisición de una cámara dual marca y modelo, DJI Zenmuse H20T +Shield Basic. Fue convocado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y adjudicado con fecha 20/octubre/2022" a la misma compañía "por un importe de 9.021,00€, sin IVA".
Todo ello ocurría en medio de dos cuestiones: la primera, la etapa de mando de María Gámez al frente de la Guardia Civil, que dio comienzo el 18 de enero de 2020. Ella acaba de dimitir de este cargo asegurando que lo hacía por "principios, honorabilidad y ética", justo el día en el que se descubría que su marido estaba imputado por una de las patas del caso ERE: la rama de Santana Motor. Ese caso investiga el uso de 36 millones concedidos en ayudas por la Agencia pública IDEA y el contrato a la empresa del marido de Gámez. Gámez estaba en aquella época en la Junta de Andalucía socialista que impulsó el programa de ayudas y justo un año antes ella era la delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa directamente responsable del Plan de Acción 2008-2012 que englobaba las ayudas a las empresas.
La segunda cuestión la ha desvelado la propia investigación del caso Titeo Berni. La Policía Judicial de este caso, también denominado caso Mediador ha encontrado el rastro de una peligrosa práctica: de un chantaje que podría haber puesto en práctica el general investigado en la trama dependiente de la Fundación del Gobierno de Pedro Sánchez. Las conversaciones interceptadas y aportadas judicialmente detallan el miedo a que el Seprona de la Guardia Civil hiciera acto de presencia o de investigación en determinadas explotaciones agrícolas o ganaderas. El miedo, según esas conversaciones, procedía de que se les amenazaba con la posibilidad de que el general Espinosa ordenase actuaciones, inspecciones o visitas del servicio rural de la Benemérita para forzar a determinados empresarios a pagar a la trama. La propia Policía Judicial señala que aún carece de evidencias de que la práctica se llevará hasta el final. Pero sí ha detectado conversaciones sobre este chantaje y lo ha detallado en la investigación judicial.
El informe judicial refleja que "Espinosa Navas se valdría tanto de dicha condición como general de división y director del proyecto GAR-SI Sahel como del cargo que antaño ostentó como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y sus relaciones, a fin de transmitirle a los empresarios de la trama altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, a cambio de las correspondientes comisiones". Pero las conclusiones de la Policía Judicial van a más y añaden: "Asimismo, cabe recordar que el interés de la presencia del general en la organización por parte de Fuentes Curbelo [Tito Berni] y Fuentes Gutiérrez partía no sólo por sus contactos empresariales, sino también como una forma de presionar a los ganaderos, por sus supuestas influencias con el Seprona". Y aclara que, "si bien no está demostrado que esas amenazas se llegaran a materializar a través del general, si está constatado el uso de su figura para amedrentar a los empresarios del sector primario de Canarias".