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A García-Page le estalla un caso de corrupción que podría duplicar el dinero malversado en los ERE

Más de 3.000 agricultores denuncian en la Audiencia Nacional la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales

Más de 3.000 agricultores denuncian en la Audiencia Nacional la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page | Europa Press

En plena ofensiva de Bruselas para desentrañar posibles casos de fraude y malversación de fondos europeos por parte de los estados miembros, la Audiencia Nacional acaba de poner el foco en Castilla-La Mancha, donde, a dos meses de las elecciones autonómicas, Emiliano García-Page deberá hacer frente a una macroinvestigación sobre la gestión del agua de las últimas décadas.

Se trata de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales por parte de un nutrido grupo de funcionarios y cargos públicos tanto del Gobierno central como autonómico durante las etapas en las que ha gobernado el PSOE. Bajo la sombra de la sospecha, desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page pretende inaugurar este miércoles.

La querella se dirige contra el expresidente José María Barreda y varios de sus consejeros, además de numerosos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), algunos de los cuales todavía siguen en su puesto. Todos ellos habrían contribuido, además, a generar un perjuicio económico a los denunciantes cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años -el periodo que aun no habría prescrito-, debido a toda una serie de restricciones que se les habrían impuesto injustificadamente y que habrían impedido el desarrollo económico de la zona conforme a su potencial real.

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Barreda, Bono y García Page en una foto de archivo

Con todo, tal y como recoge el escrito del fiscal jefe Anticorrupción, "los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como desobediencia a la Autoridad Judicial y a las resoluciones judiciales firmes".

El origen de la polémica

Los denunciantes forman parte de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos -que abarca hasta 29 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca-, cuyos agricultores llevan años batallando para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos. No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de que estas aguas subterráneas vierten en el Júcar, los querellados "manipularon y/o falsearon datos" para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

El objetivo queda más que patente en la documentada querella de 321 folios presentada por el despacho De Jurist: "Aumentar el territorio de la demarcación para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste". Concretamente, la zona oriental de la Cuenca del Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al Júcar.

El Plan Humedales de José Bono

Históricamente, esta área siempre había pertenecido al llamado acuífero 18. Sin embargo, tras la declaración de sobreexplotación del acuífero 23 por su vinculación al humedal protegido, el perímetro de éste fue ampliándose, invadiendo zonas que nada tenían que ver con el mismo. La primera ampliación se consumó en 1994, después de que José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, diese luz verde al llamado Plan de Compensación de Rentas, también conocido como Plan Humedales, que supuso la primera medida agroambiental aprobada en España con fondos europeos: del total de 300 millones de euros aproximadamente que se pusieron sobre la mesa, la UE subvencionaba el 75%.

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La ampliación del perímetro terminó en los tribunales y fue finalmente declarada nula en sentencia firme del Tribunal Supremo en el año 2003. Sin embargo, "no solo no se conformaron los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con la ilegalidad mantenida desde 1994 hasta 2003, sino que continuaron, a pesar de la anulación de la sobreexplotación, con la aplicación de estas medidas en contra de esa sentencia que declaraba su nulidad, hasta el año 2008, en el que consiguen, con base a esos falsos informes, declarar de manera definitiva la zona sobreexplotada".

1.200 millones de fondos europeos

Las restricciones aparejadas a tal decisión habrían supuesto un perjuicio económico para la Masa de Rus-Valdelobos de más de 300 millones de euros en los últimos 10 años. Sin embargo, lo más grave es el perjuicio a las arcas públicas -españolas y europeas-, por cuanto todos los programas económicos aprobados desde entonces se habrían orquestado en base a datos, que tal y como vendrían a demostrar los numerosos informes aportados a la causa, no se corresponden a la realidad. Así, según los cálculos de los más de 3.000 agricultores que han presentado la querella tras años de investigación, podríamos estar hablando de un presunto fraude y malversación de más de 1.200 millones de euros.

A las partidas del Plan Humedales, los querellantes suman otras tantas, rodeadas de clamorosas ilegalidades que ya habrían sido denunciadas en su día por los ecologistas. Entre ellas, las contenidas en el Plan Especial del Alto Guadiana, como la valorada en más de 80 millones de euros para comprar agua de las zonas sobreexplotadas con dinero público o los 7 millones previstos teóricamente para la instalación y control de unos caudalímetros que se pagaron a precio de oro y fuera de mercado, como demuestra la documentación aportada.

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La trama la completan empresas públicas de dudosa utilidad como Don Quijote de la Mancha 2005 S.A. que, sin embargo, acumuló pérdidas millonarias durante años, y otras, como Tragsa y Tragsatec, a quienes los querellantes acusan de recibir hasta 850 millones de euros de fondos europeos para asumir competencias que, con la ley en la mano, jamás habrían podido asumir, tal y como dejó claro el Tribunal Supremo en septiembre de 2020.

Mención especial merece la inclusión en esta trama de la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pretende inaugurar este mismo miércoles y sobre la que también pesa la sospecha de corrupción. No en vano, los más de 3.000 agricultores que han presentado esta querella con la ayuda del despacho De Jurist defienden que también estas obras se habrían sobredimensionado con el fin de beneficiarse de "un notable incremento de los fondos públicos estatales y europeos destinados a este fin" que cifran en 400 millones de euros.

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