Las fiscales europeas premiadas por Pedro Sánchez por haber ejercido como azotes del PP tratan de sacar de la vía penal la presunta trama de corrupción denunciada por más de 3.000 agricultores manchegos. La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos presentó el pasado 31 de diciembre una querella criminal por la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros fondos europeos y estatales durante las últimas décadas, que ponía en la picota al expresidente José María Barreda y a varios de sus consejeros, además de a numerosos funcionarios y cargos públicos.
A pesar de la gravedad de los hechos, y de que el propio fiscal anticorrupción estimó que éstos podrían dar lugar a una larga lista de delitos, María Elena Lorente Pablo se opuso a su admisión a trámite en la Audiencia Nacional, alegando que tenían un "trasfondo eminentemente contencioso-administrativo". Asumiendo sus argumentos, el juez decretó la inadmisión provisional y dio a las partes tres días para recurrir, algo que la CUAS Rus-Valdelobos hizo de inmediato, por lo que en estos momentos la admisión a trámite por la vía penal se encontraría en el aire, sin perjuicio de que, llegado el caso, los querellantes decidan recurrir a la vía contencioso-administrativa.
Las fiscales premiadas por Sánchez
Este precisamente sería el argumento al que se aferra ahora el Gobierno de García-Page para restar importancia al escándalo desatado a tan solo dos meses de las elecciones. Los querellantes, sin embargo, recuerdan que Lorente no es un fiscal cualquiera, sino una de las colocadas a dedo por Pedro Sánchez en la Fiscalía Delegada de Asuntos Europeos. Tras dirigir la investigación a Rodrigo Rato, el que fuera presidente de Bankia y vicepresidente económico de José María Aznar, el presidente del Gobierno decidió premiarla con este codiciado cargo junto a otros azotes del PP: desde Concepción Sabadell, la ex fiscal de la Gürtel que hoy dirige el equipo, hasta Pablo Ruz, Laura Pellón Suárez de Puga y Gloria Yoshiko Kondo, la otra fiscal que ya el pasado mes de diciembre trató de desentenderse del caso.
Además, de presentar la querella en la Audiencia Nacional, los más de 3.000 agricultores manchegos decidieron ya entonces dirigirse directamente a la Fiscalía Europea en España para alertar de la posible malversación de millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, Yoshiko Kondo despachó el asunto alegando que, de las conductas denunciadas, "la gran mayoría es anterior a la entrada en vigor del Reglamento" que sirvió para crear este ministerio público comunitario.
La querella criminal
El origen del escándalo que ahora sale a la luz se remonta a la histórica batalla que los agricultores de la CUAS Rus-Valdelobos mantienen desde hace años para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos. No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de estas aguas vierten en el Júcar, los querellados "manipularon y/o falsearon datos" para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel.
El objetivo queda más que patente en la documentada querella de 321 folios: "Aumentar el territorio de la demarcación para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste". Concretamente, la zona oriental de la Cuenca del Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al Júcar. De esta forma, los querellantes denuncian que todas las medidas que se habrían aprobado partiendo de esta división de cuencas estarían bajo la sombra de la sospecha: desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page pretende inaugurar este miércoles.
Además de la malversación, los agricultores también denuncian un perjuicio económico a los denunciantes cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años, el periodo que aún no habría prescrito. La razón: que la ampliación de la zona sobreexplotada habría implicado para ellos toda una serie de restricciones que les habría impedido desarrollarse de acuerdo a su potencial real.
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