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El actual vicepresidente de Castilla-La Mancha, implicado en la presunta trama del agua que acecha al PSOE

El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, es uno de los querellados por más de 3.000 agricultores manchegos.

El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, es uno de los querellados por más de 3.000 agricultores manchegos.
Emiliano García-Page junto a su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro | Gobierno de Castilla-La Mancha

Después de que Libertad Digital se hiciera eco este martes de la querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, el propio presidente Emiliano García-Page trató de desacreditarla, asegurando que había sido inadmitida a trámite por la Audiencia Nacional.

La realidad es que dicha inadmisión -alentada por las fiscales europeas premiadas por Sánchez y basada en el argumento de que se trata de una cuestión de lo contencioso-administrativo y no de la vía penal- ha sido recurrida, por lo que todavía está en el aire. Sin embargo, el nerviosismo mostrado por los socialistas manchegos a dos meses de las elecciones podría responder a un hecho que, hasta ahora, no había trascendido: entre los numerosos funcionarios y cargos públicos querellados no sólo se encontraría el expresidente José María Barreda, sino también el número 2 del propio García-Page, José Luis Martínez Guijarro.

Según la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, el actual vicepresidente de Castilla-La Mancha habría desempeñado un papel fundamental como consejero de Medio Ambiente y Agricultura entre 2005 y 2011, además de como presidente del Plan Estatal del Alto Guadiana (PEAG) entre 2010 y 2011. Así, de acuerdo con la extensa documentación aportada a la causa, Martínez Guijarro no sólo habría podido contribuir desde ambos puestos a la presunta malversación que denuncian, sino también a un perjuicio económico para los agricultores de esta zona cifrado por los querellantes en más de 300 millones de euros durante los últimos 10 años.

El objetivo de la trama

El origen de todo este asunto se remontaría al trazado de la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar, y más concretamente a la vinculación de la mencionada Masa de Aguas Subterráneas con la primera -y, por tanto, con la zona protegida de las Tablas de Daimiel-, a pesar de que en realidad vierte en el Júcar.

De esta forma, se impondría a los usuarios de esta área toda una serie de restricciones, mientras las distintas administraciones se beneficiarían de una mayor dotación económica para aliviar la presión sobre una zona declarada sobreexplotada. Con todo, los más de 3.000 agricultores que firman la querella sostienen que todas las partidas aprobadas a tal fin se habrían ido sobredimensionando, lo que habría dado lugar al fraude y malversación de millones de euros de fondos europeos y estatales durante las últimas décadas.

La implicación de Martínez Guijarro

Por lo que respecta al actual vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, los querellantes le responsabilizan de gran parte de la posible malversación que conllevó la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana a partir del año 2008, "cuyas nefastas consecuencias para la agricultura y ganadería del territorio afectado llegan hasta la actualidad y se prolongarán hasta el año 2027 si no se pone remedio". No en vano, a finales del pasado mes de septiembre, el ministerio de Transición Ecológica anunció su intención de retomar el mencionado plan, invirtiendo 250 millones de euros de fondos europeos, tal y como se hicieron eco los medios manchegos. La medida fue aplaudida por el propio Martínez Guijarro, quien llegó a decir que se trataba de un plan que "nunca se debió dejar perder".

A pesar de su entusiasmo, la querella firmada por más de 3.000 agricultores manchegos defiende que si bien esta herramienta se aprobó con el objetivo de "restablecer el necesario equilibrio entre el medio ambiente y los usos del agua con el desarrollo de un paquete de medidas valorado en 5.400 millones de euros para el ‘uso sostenible de los acuíferos del Alto Guadiana’", la realidad es que se ha acabado convirtiendo en "un fiasco, con el empeoramiento de dichos acuíferos, pero, eso sí, quedándose con los sustanciosos fondos públicos para malversarlos con la compra pública de agua ‘fantasma’ o ‘de papel’".

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José Luis Martínez Guijarro, en una imagen de archivo

Concretamente, los agricultores de Rus-Valdelobos denuncian que "el 95% de las compras de derechos se han hecho fuera de zonas prioritarias", pero, además, se ha terminado comprando agua a quien no la usaba, se han seguido regando fincas después de vender sus derechos, se ha comprado agua en fincas de dominio público y se ha incumplido el requisito de destinar al menos el 70% del volumen anual rescatado a la recuperación ambiental. En este caso, estaríamos hablando de una posible malversación de más de 80 millones de euros, además de otros 7 millones que teóricamente debían destinarse a la instalación y control de caudalímetros que se acabaron pagando a precio de oro y fuera de mercado, como apunta la extensa documentación aportada.

Ahora, el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el también querellado por su papel en aquella trama Samuel Moraleda, ha vuelto a anunciar una compra de derechos de agua para este 2023 por valor de 63,5 millones de euros, lo que hace temer a los usuarios de la Masa de Agua Rus-Valdelobos que se pueda repetir el mismo modus operandi que por aquel entonces.

En otro oden de cosas, los querellantes también ponen en tela de juicio la primera medida que el propio Martínez Guijarro adoptó nada más convertirse en presidente del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana en 2010: "Adjudicar a dedo un supuesto contrato de ‘patrocinio’, que en realidad era de ‘publicidad’, a la mercantil Piraña Producciones S.L. por el importe de 127.118,64 euros, que excedía del límite cuantitativo de contratación menor con la administración". El objetivo, según sostiene la querella firmada por el despacho De Jurist, no sería otro que eludir "los procedimientos de selección y contratación previstos en la Legislación de Contratos del Sector Público", lo que, a su juicio, constituye una muestra más del "modus operandi" de los políticos querellados.

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