La querella presentada por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha contra el expresidente José María Barreda y otros cargos públicos en épocas del PSOE -entre ellos, el número 2 de García-Page- pone sobre la mesa ejemplos concretos del presunto fraude y malversación de fondos europeos y estatales perpetrado por la trama del agua en la región.
A nivel económico, el más llamativo es el que implicaría a las empresas Tragsa y Tragsatec, a las que se habrían pagado hasta 850 millones de euros por funciones que, según los querellantes, solo podrían haber asumido funcionarios públicos, la propia Comunidad de Usuarios denunciante (la CUAS Rus-Valdelobos) o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Sin embargo, donde mejor se ejemplifican las posibles conductas delictivas es en el capítulo relativo a la compra de derechos de agua de dudosa utilidad y caudalímetros con un sobrecoste de hasta el 1.100% respecto al precio de mercado.
La sospechosa compra de derechos de agua
Tal y como explica la querella, entre 2008 y 2012, la Confederación Hidrográfica del Guadiana lanzó varias ofertas públicas de adquisición de derechos de agua (OPAD) por valor de más de 80 millones de euros. El objetivo inicial era "aliviar presiones sobre los acuíferos sobreexplotados", asumiendo la obligación de destinar el 70% del volumen total adquirido a la recuperación ambiental de la zona. Los agricultores de la Masa de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos denuncian, sin embargo, que en realidad dichas ofertas sirvieron para comprar pozos secos en zonas que ni siquiera habían sido declaradas sobreexplotadas, al tiempo que se incumplió el compromiso medioambiental "al no destinar ni un solo m3 a tal finalidad".
Según defienden los más de 3.000 agricultores que han recurrido a la Audiencia Nacional, "en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) figuraba como condición para la venta de derechos de agua la existencia de riego en la explotación durante los 3 años anteriores a la fecha de la compra y se estableció una zona prioritaria", algo lógico si tenemos en cuenta que el objetivo era liberar presión sobre zonas sobreexplotadas. Su sorpresa e indignación llegó al comprobar que las OPAD cambiaron radicalmente este requisito "exigiendo tan solo la presencia de agua en el pozo sin la confirmación de uso". El resultado: "La compra de derechos ‘de papel’, no de agua realmente ahorrada, fuera de la zona prioritaria".
El escandaloso informe de WWF
Su denuncia coincide con la que ya hizo en 2012 el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) en un informe titulado "El fiasco del agua en el Alto Guadiana". En él, llegaba a la conclusión de que "no se ha conseguido el ahorro de agua deseado, ya que se ha comprado agua a quien no la usaba; que usuarios que han vendido sus derechos siguen regando; que fincas en dominio público hidráulico han vendido derechos de agua; que se han comprado derechos fuera de la zona prioritaria marcada por el PEAG y que todas estas irregularidades han tenido un alto coste económico, social y ambiental".
El informe aseguraba que "el 95% de las compras de derechos se han hecho fuera de zonas prioritarias", que eran "las más cercanas al Parque Nacional de Daimiel o las que tuvieran más agua", pero, además, aportaba numerosas imágenes de satélite que venían a demostrar que "el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua al menos durante los 5 años previos a la venta".
Además, "se detectaron al menos 40 casos de explotaciones que han seguido regando después de haber vendido sus derechos" y se comprobó que se habían comprado derechos de 16 explotaciones que se situaban total o parcialmente en zonas de Dominio Público Hidráulico, algo que soliviantaba a los ecologistas: "La Administración podría (y debería) reclamar sus derechos de agua sobre las fincas sin necesidad de usar dinero público para pagar por ello".
La conclusión de WWF y que los ahora querellantes asumen como propia es que la medida no supuso apenas ahorro de agua, "pero sí un derroche de enormes cantidades de dinero público". Y eso por no hablar de lo que sucedió con el volumen finalmente adquirido que, según denuncian, se cedió íntegramente a la Junta de Castilla-La Mancha "para legalizar pozos ilegales dentro del acuífero 23 o Mancha Occidental, provocando así el efecto contrario al perseguido. De esta forma, se habría incumplido el requisito de destinar el 70% a la recuperación ambiental, dando lugar a "una clara maniobra política financiada con dinero público para obtener votos".
Caudalímetros a precio de oro
No menos llamativo es lo que habría sucedido en febrero de 2008, tras la firma del "convenio para la instalación y mantenimiento de sistemas de control de los volúmenes de agua captados", es decir, los famosos caudalímetros. La partida ascendía a un total de 7 millones de euros y, según los querellantes, "la Confederación Hidrográfica del Guadiana tenía la obligación de disponer de un centro de control y el desarrollo de una aplicación de gestión como soporte receptor automático de los datos del campo (…), cosa que nunca se llevó a cabo".
Con el fin de descubrir en qué se había gastado el dinero, el 24 de enero de 2022, la CUAS Rus-Valdelobos solicitó toda la documentación relativa a tales actuaciones, así como la relación de los caudalímetros instalados. En su respuesta, la CHG únicamente les informó de la instalación de 2.633 aparatos, una cifra irrisoria para la cantidad de fondos invertidos. "Piénsese que, al dividir los 7 millones de euros del convenio entre los 2.633 contadores instalados, nos sale un precio medio por contador de 2.658,56 euros, independientemente de su diámetro, por lo que a nadie puede escapar que tales caudalímetros se sobreengordaron en su precio", denuncian los agricultores.
En aras de poder demostrarlo, las CUAS aporta a la causa las tarifas de referencia de contadores según modelo y diámetro, señalando un importe medio según mercado de 220 euros por unidad (media de todos los diámetros). Según señalan, esto hubiera permitido instalar "31.818 contadores y no 2.663, como se hizo, lo que constituye un fraude absoluto". Por si esto fuera poco, los agricultores denuncian que apenas dos años después todos los caudalímetros fueron invalidados por la propia CHG bajo la premisa de que no cumplían con la certificación exigida, "obligando además a los usuarios a costear de su propio bolsillo la instalación de los caudalímetros que se acogiesen a la normativa europea, pese a haber percibido la CHG el importe de 7 millones de euros para ello".