Desde que el pasado martes Libertad Digital sacara a la luz la querella criminal interpuesta por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha por presunto fraude y malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, la principal obsesión del Gobierno presidido por Emiliano García-Page ha sido tratar de desacreditar la denuncia para minimizar el escándalo.
La querella, sin embargo, es de extrema gravedad, tanto por el dinero presuntamente malversado, que podría duplicar el de los ERE, como por los nombres que figuran entre los querellados: el expresidente José María Barreda, varios de sus consejeros -entre ellos el actual número 2 de García-Page, así como numerosos cargos públicos que hoy vuelven a ostentar gran poder en la región. Aunque la querella fue inicialmente inadmitida a trámite por la vía penal, gracias a las fiscales premiadas por Pedro Sánchez, el juez todavía tiene que resolver el recurso presentado por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos.