Entre las múltiples empresas y organismos salpicados por la trama del agua de Castilla-La Mancha, los más de 3.000 agricultores que denuncian una presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales citan a Piraña Producciones, la mercantil a la que el actual vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, habría concedido a dedo un contrato de patrocinio de 127.118,64 euros nada más convertirse en presidente del Consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana en 2010. Según los querellantes, lo habría hecho excediendo "el límite cuantitativo de contratación menor con la administración", con el fin de eludir "los procedimientos de selección y contratación previstos en la Legislación de Contratos del Sector Público", lo que, a su juicio, constituye una muestra más del "modus operandi" de los políticos querellados.
Sin embargo, según ha sabido Libertad Digital, éste no sería el único contrato de adjudicación directa con el que se habría bendecido a la mencionada empresa, cuya relación con el Gobierno regional se mantuvo tras la llegada al poder de Emiliano García-Page. No en vano, en las dos últimas legislaturas, Piraña Producciones habría recibido al menos 1.109.343 de euros a dedo.
El grueso de tal cantidad corresponde a las labores de producción del programa Variotinto de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, un programa dedicado a la cultura del vino por el que se habrían pagado un total de 1.055.983 euros desde 2016, el año de su estreno. La externalización de este y otros programas fue duramente criticada por el Partido Popular, quienes ya por aquel entonces denunciaron la "privatización total" hacia la que se encaminaba el ente público, subrayando que era "absolutamente contradictorio y una barbaridad" externalizar servicios por un lado, a la vez que se aumentaba la plantilla por otro, lo que, según advertían, conduciría a la vuelta a la época más oscura de la televisión regional: la del "despilfarro". El programa se confió, además, a Carlos Iserte, un conocido periodista que venía de medios muy próximos al PSOE y que se había caracterizado por el ataque frontal a la gestión de María Dolores de Cospedal.
En todo caso, la producción del programa Variotinto tampoco sería el único concepto por el que Piraña Producciones habría recibido fondos del Gobierno regional ya en manos del PSOE. Tal y como aparece reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Junta de Comunidades le habría pagado en los dos últimos años al menos otros 53.360 euros a dedo en concepto de patrocinio del mismo programa que produce.
Según consta en la información a la que ha tenido acceso LD, tal cantidad se distribuiría en cinco contratos diferentes. El más pequeño, por valor de 6.000 euros, parte de la Dirección General de Turismo, mientras que, de los otros cuatro -valorados en 11.840 euros cada uno-, uno correspondería a la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y tres a la Dirección General de Promoción Institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que depende directamente de la Vicepresidencia de José Luis Martínez Guijarro.
El papel de Martínez Guijarro
El actual número 2 de García Page es uno de los querellados por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos. Según los más de 3.000 agricultores que componen este organismo, Martínez Guijarro habría desempeñado un papel fundamental como consejero de Medio Ambiente y Agricultura entre 2005 y 2011, además de como presidente del Plan Estatal del Alto Guadiana (PEAG) entre 2010 y 2011.
Fundamentalmente, los querellantes le responsabilizan de gran parte de la posible malversación que conllevó la puesta en marcha de dicho plan a partir del año 2008, "cuyas nefastas consecuencias para la agricultura y ganadería del territorio afectado llegan hasta la actualidad y se prolongarán hasta el año 2027 si no se pone remedio". De hecho, a finales del pasado mes de septiembre, el ministerio de Transición Ecológica anunció su intención de retomar el mencionado plan, invirtiendo 250 millones de euros de fondos europeos, tal y como se hicieron eco los medios manchegos. La medida fue aplaudida por el propio Martínez Guijarro, quien llegó a decir que se trataba de un plan que "nunca se debió dejar perder".
A pesar de su entusiasmo, la querella firmada por más de 3.000 agricultores manchegos defiende que si bien esta herramienta se aprobó con el objetivo de "restablecer el necesario equilibrio entre el medio ambiente y los usos del agua con el desarrollo de un paquete de medidas valorado en 5.400 millones de euros para el ‘uso sostenible de los acuíferos del Alto Guadiana’", la realidad es que se ha acabado convirtiendo en "un fiasco, con el empeoramiento de dichos acuíferos, pero, eso sí, quedándose con los sustanciosos fondos públicos para malversarlos con la compra pública de agua ‘fantasma’ o ‘de papel’".
Concretamente, los agricultores de Rus-Valdelobos denuncian que "el 95% de las compras de derechos se han hecho fuera de zonas prioritarias" y que en "el 83% de las explotaciones cuyos derechos fueron comprados no extraían agua al menos durante los 5 años previos a la venta" por lo que se ha terminado comprando agua a quien no la usaba. Además, aseguran se han seguido regando fincas después de vender sus derechos, se ha comprado agua en fincas de dominio público y se ha incumplido el requisito de destinar al menos el 70% del volumen anual rescatado a la recuperación ambiental. En este caso, estaríamos hablando de una posible malversación de más de 80 millones de euros, además de otros 7 millones que teóricamente debían destinarse a la instalación y control de caudalímetros que se acabaron pagando con un sobrecoste de hasta el 1.100%, como apunta la extensa documentación aportada.
Ahora, el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el también querellado por su papel en aquella trama Samuel Moraleda, ha vuelto a anunciar una compra de derechos de agua para este 2023 por valor de 63,5 millones de euros, lo que hace temer a los usuarios de la Masa de Agua Rus-Valdelobos que se pueda repetir el mismo modus operandi que por aquel entonces.