En un momento en el que cualquier otro partido se asustaría de tener a un imputado en sus filas, cargos o listas, Ximo Puig –el presidente regional que tiene a su hermano imputado por recibir subvenciones entregadas por el líder socialista y que figura en el sumario del caso Azud por haber contado con gastos de campaña asumidos por las empresas de la trama– ha dado un paso al frente. Y lo ha hecho con nada menos que 38 imputados en su radio de acción de cargos, candidatos o recién apartados por su efecto dañino.
Suyos –del PSOE– o de uno de sus grandes aliados, Compromís –el partido de Mónica Oltra–, otra formación que no cesa en sus lecciones de limpieza y ética al resto de partidos. Podemos es el tercer gran socio de esta alianza de Gobierno regional y tampoco parece sentir una especial presión por esta compañía de imputados.
En la Comunidad Valenciana, territorio donde más campaña hizo el PSOE afirmando que el PP tenía que prescindir de todo candidato imputado, Ximo Puig, para empezar presenta a las elecciones locales a dos candidatos imputados y uno directamente condenado. El primero de ello es Antonio López Alcalde, candidato a Benejúzar, imputado por presunta prevaricación administrativa. El segundo es José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos. Sobre él pesa la imputación por presunta comisión de hasta cinco delitos: tres de prevaricación, uno de cohecho y otro de acoso laboral a un funcionario. El tercero de esta lista privilegiada de socialistas es Luis Vicente Mateo. En este caso no se trata de un imputado. Directamente es un condenado a 4 meses de cárcel e indemnización de más de 40.000 euros por acoso laboral al secretario-interventor del Ayuntamiento. La pena incluía la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.
Pero se trata sólo de tres de los 38 compañeros de lista electoral, cargos destacados o excargos que rodean a Ximo Puig con una imputación o condena. Por ejemplo, de Compromís y por el Caso Oltra, están Isabel Serra y Carmen Fenollosa –directoras territoriales de Igualdad–; Rosa Molero –directora general de Infancia y Adolescencia–; Gema Plaza –directora general de Infancia–; Miquel Real –Exmarido de Mónica Oltra, exjefe de gabinete y actual asesor de la Consejería de Igualdad–; Francesc Gamero –secretario autonómico de Hacienda - Compromís– y hasta nueve cargos más –el jefe de la Sección del Menor en Castellón, un técnico jurídico, varias psicólogas del Servicio a menores víctimas de abusos sexuales y otros técnicos de Igualdad—.
La lista sigue con Rubén Trenzano –director general de Política Lingüística y también de Compromís–; Manuel Aldeguer –director general del Agua, del PSOE–; Vicente García Nebot –director general de Urbanismo, también del PSOE–; Gemma Contreras –directora del IVACOR; Jesús Martí –director del IVAJ–; y Ofelia Gimeno –directora de Salud Pública, los tres de Compromís; y todo un largo listado hasta llegar a esos 38 cargos o candidatos.
Y no faltan en esa enumeración personas mucho más conocidas en el panorama político valenciano como Rafael Rubio –exsubdelegado del Gobierno y socialista–, Pepe Cataluña, exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE; o el propio hermano de Ximo Puig, Francis Puig, por el caso Subvenciones. Sin olvidar al exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años por abusar de una menor en un centro tutelado gestionado por su entonces mujer. O, por supuesto, la propia Mónica Oltra, toda una exvicepresidenta primera.
Hay que recordar que Ximo Puig no está imputado, pero sí, efectivamente, su hermano por el caso Subvenciones: 1,2 millones en subvenciones oficiales entregadas por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus hermanos y hasta dos millones contando con las ayudas públicas del Gobierno socialista de Aragón y del separatista de Cataluña. Todo ello sin contar con el caso Azud, donde la trama B pagó gastos de campaña en primarias del propio Ximo Puig y sus conexiones con el caso Acuamed.
De hecho, Ximo Puig se enfrenta ahora a una nueva denuncia por los contratos públicos concedidos a sus hermanos. En esta ocasión se trata de los trabajos facturados por las empresa de la familia Puig al Ayuntamiento de Morella, del que fue alcalde el actual presidente regional de la Comunidad Valenciana. Se trata de un total de 547 facturas por un valor total de 369.637€, tal y como ya ha publicado Libertad Digital.