Los agricultores de Castilla-La Mancha continúan en pie de guerra contra el presidente Emiliano García-Page, al que se le empiezan a acumular los escándalos a poco más de un mes para las elecciones autonómicas. La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas acaba de denunciarle ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminilidad Organizada por un presunto delito de "prevaricación, quebrantamiento de la seguridad jurídica, desvío y fraude de fondos europeos y malversación de fondos públicos". Esta nueva denuncia se suma a la querella ya presentada por los más de 3.000 regantes de la Comunidad de Usuarios Rus-Valdelobos, que advertían de una presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos, a lo largo de los últimos años.
Concretamente, los agricultores ecológicos acusan al gobierno de Castilla-La Mancha de utilizar el dinero facilitado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para otorgar grandes cantidades de dinero "a la empresa pública Geacam S.A. mediante concesión directa o encomienda sin sacar ninguna convocatoria pública para que accedan otras empresas a dichas ayudas o subvenciones". El escrito remitido a la Fiscalía apunta, además, al incremento injustificado del dinero otorgado en los últimos siete años a esta sociedad de gestión ambiental, así como al sospechoso aumento del personal de oficina en detrimento de los trabajadores del campo, lo que, a su juicio, "es un indicio de que se podría estar utilizando una empresa pública como agencia de colocación de cargos políticos del PSOE".
Las 4 presuntas irregularidades
Según la documentación aportada a la causa, el Gobierno de Castilla-La Mancha habría concendido a esta empresa un total de 700 millones de euros desde 2016, habiendo aumentado la partida anual en un 55%. "Desde los 65 millones a los 102 millones, sin que exista ninguna justificación técnica que avale dicho incremento", apuntan los denunciantes, quienes advierten de que esto "podría ser un indicio de despilfarro de fondos europeos públicos y un posible delito de malversación de fondos públicos".
Por lo que respecta a la plantilla de la mencionada empresa, la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas asegura que Geacam "ha aumentado el personal de oficina hasta 446 personas, mientras que la cifra de personal que trabaja en el campo se ha mantenido constante". De ahí sus sospechas de que se haya utilizado el dinero público para colocar a cargos políticos del PSOE que, obviamente, solo pueden justificar un trabajo de oficina. "Se observa que el personal de oficina ha aumentado desde los 146 del año 2016 a los 446 del año 2020, sin que haya ninguna causa que justifique tal incremento, lo que podría ser un indicio de que se utilice la empresa para contratar personal afín al Gobierno de Castilla-La Mancha", reza la denuncia.
Por otro lado, los agricultores ecológicos acusan al Ejecutivo de Emiliano García-Page de pagar con fondos europeos la extinción de incendios por parte de Geacam, a pesar de que los reglamentos comunitarios no lo permiten. Para probar tal extremo, los denunciantes adjuntan el convenio por el que el Gobierno regional aporta a esta causa 22,5 millones de euros anuales, así como los datos que demuestran que con tal cantidad únicamente se puede sufragar "entre 2 y 3 meses de trabajo", por lo que el resto, alegan, se estaría costeando con el dinero procedente de la UE. "Estos hechos podrían suponer el desvío y malversación de fondos europeos por una cantidad que podría llegar a los 500 millones de euros desde los años 2016 y 2023", denuncian.
En el escrito remitido a la Fiscalía, los agricultores -que ya preparan una querella si el Ministerio Público no mueve ficha- aseguran que "el responsable último de todos los hechos mencionados podría ser Emiliano García-Page como presidente del Gobierno de Castilla La-Mancha". Además, y por si todo esto fuera poco, también le acusan de haber publicado las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la agricultura ecológica ocho días antes de ser aprobadas en Consejo de Gobierno, lo que, según denuncian, podría dar lugar a un posible delito de prevaricación y quebrantamiento de la seguridad jurídica.