La mediática campaña del Gobierno de Pedro Sánchez contra Andalucía a cuenta del Parque Nacional de Doñana se empieza a volver en su contra. En plena batalla por la ley de PP y Vox que pretende devolver a los agricultores de varios municipios cercanos la calificación de tierras regables, el foco se desvía ahora a Castilla-La Mancha, comunidad en la que gobiernan los socialistas y donde se encuentra otro parque natural cuya sobrexplotación es mucho mayor: las Tablas de Daimiel.
No en vano, en las últimas horas, las distintas organizaciones ecologistas representadas en su Patronato han escenificado una histórica unión, reclamando el cese de su presidente, Carlos Ruiz de la Hermosa, al que acusan de llevar a cabo "una gestión caracterizada por empeorar la ya de por sí penosa situación del parque, con soluciones muy agresivas, basadas casi siempre en soluciones ambientales duras, sin respeto por el Parque".
Todo ello con unos gobiernos autonómicos del PSOE que "han dado cobertura política y administrativa al robo y saqueo del agua", mientras el Ejecutivo central guarda silencio para no poner en aprietos a Emiliano García Page, según denuncia Rafael Ubaldo Gonsálvez, vocal en representación de los ecologistas y profesor de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha.
"La presión del acuífero de la Mancha Occidental es cinco veces mayor en volumen y diez veces mayor en superficie que en Doñana, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a Page no le meten caña si Daimiel está peor? ¿Aquí no tienen que aplicar un 155 como quieren aplicar en Andalucía? -se pregunta en declaraciones a Libertad Digital-. ¿Por qué esa obcecación de Teresa Ribera con Andalucía y Murcia y no con Castilla-La Mancha?". Él mismo, sin embargo, deja caer la posible respuesta: "¿Puede ser porque en unos sitios gobierna el Partido Popular y aquí gobierna el PSOE?".
A pesar de verlo claro, el vocal de los ecologistas en el Patronato de las Tablas de Daimiel insiste en que, si quiere ser creíble, el Gobierno de Pedro Sánchez ha de rectificar y dejar de aplicar esta doble vara de medir: "Lo que tiene que hacer Ribera es denunciar la situación de Castilla-La Mancha, porque, si no, lo que está haciendo es partidismo y partidismo del malo, porque, insisto, Daimiel está mucho peor que Doñana y que el Mar Menor".
La petición de cese
El detonante para reclamar el cese del presidente del Parque Nacional ha sido "la salvaje intervención realizada el verano pasado en el itinerario de visita de la Isla del Pan y que supuso la entrada de camiones y excavadoras una vez más para dragar la cubeta del humedal solo con la finalidad de maquillar ambientalmente la situación del parque ante los turistas y ante los políticos".
"Es algo inaudito. Las máquinas excavadoras han arrasado todo a su paso, destruyendo incluso repoblaciones realizadas por colegios y asociaciones", han asegurado desde la asociación ecologista ANEA, de Villarrubia de los Ojos. Por su parte, Ecologistas Manchegos de Daimiel ha calificado la actuación como "uno de los mayores atentados ecológicos dentro del Parque Nacional".
Para Rafael Gonsálvez "todas las actuaciones siguen un mismo patrón: falta de previsión y planificación, y actuaciones que se realizan sin informar previamente al Patronato, una gestión opaca y que solo favorece a las empresas que intervienen, generalmente Tragsa". Con todo, el también profesor de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha concluye que Carlos Ruiz de la Hermosa "no es el director que necesita las Tablas de Daimiel para afrontar la gravísima emergencia climática y ambiental", al tiempo que denuncia que éste "solo se agarre a trasvases del Tajo" para salvar el parque.
Los pozos ilegales
El experto denuncia así que se renuncie al control del territorio en lo que al regadío se refiere. "Nosotros el único trasvase que apoyamos es el trasvase que tiene que ir desde la agricultura de regadío a las Tablas de Daimiel", sentencia Ubaldo, quien insiste en la importancia, en primer lugar, de acabar con los pozos ilegales. En este sentido, cabe resaltar cómo los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha no solo no los han perseguido como debieran -a pesar de la crítica que ahora hacen al gobierno de Juanma Moreno en Andalucía- sino que incluso han legalizado muchos de ellos.
Informe de WWF de 2012
Como publicó Libertad Digital, el durísimo informe publicado en 2012 por los ecologistas del Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF), los mismos a los que ahora utiliza el Gobierno en su particular cruzada contra PP y Vox, denunció y demostró cómo el Ejecutivo de José María Barreda compró derechos de agua en pozos secos, que no estaban en uso, y utilizó los m3 rescatados para legalizar pozos ilegales en el entorno protegido.
Llegados a este punto, sin embargo, Rafael Ubaldo Gonsálvez cree que poner fin a estas extracciones no es suficiente: "Hay que acabar drásticamente con toda la agricultura de regadío en la zona hasta que se recuperen las Tablas de Daimiel y, cuando eso suceda, permitir solamente aquella que genere muchos puestos de trabajo". Consciente del impacto socioeconómico que esto podría suponer, el profesor aboga por aprobar una reconversión agraria como ya se hiciera con la reconversión naviera y de los Altos Hornos en los años 80.