Condena mínima para la republicana Meritxell Serret, una de las consejeras de la Generalidad que acompañó en su fuga a Puigdemont, pero que decidió regresar a España después de tres años y medio de estancia en Bélgica. Serret era la consejera de Agricultura del gobierno golpista de coalición encabezado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y decidió seguir el camino del primero y no presentarse ante la justicia. En Bruselas ejerció como "embajadora" de la Generalidad ante la UE a pesar de la euroorden que pesaba sobre ella.
Después de aquella temporada y cuando decayó en su caso la atribución de un delito de malversación y quedó sólo el de desobediencia decidió presentarse de manera voluntaria ante el magistrado instructor de la causa del golpe de Estado, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El TS derivó la causa hacia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforada de Serret, que fue nombrada consejera de Acción Exterior de la Generalidad tras la última remodelación del gobierno catalán debida a la ruptura entre ERC y Junts per Catalunya (TSJC).
Juzgada el pasado 29 de marzo en el TSJC (el mismo día que se presentó en España otra de las prófugas, Clara Ponsatí), la sala de lo civil y penal del TSJC le ha impuesto una pena de un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia. No obstante, Serret continuará como consejera hasta que el TS resuelva el recurso que su defensa, ejercida por el letrado de etarras Íñigo Iruin, presentará ante el Supremo.
La sentencia del TSJC, que coincide con la petición de la Fiscalía, da por sentado que Serret ignoró de forma consciente y deliberada los requerimientos del Tribunal Constitucional. El tribunal, formado por los magistrados Fernando Lacaba, Francisco Segura y Marta Pesqueira, apunta además que Serret reconoció durante el juicio que desobedeció porque puso por delante "sus convicciones personales a favor del derecho a la autodeterminación" que las órdenes del Tribunal Constitucional para frenar el referéndum golpista.
"Agradecimiento" al TSJC
Tras conocer la sentencia, Serret se ha ratificado en el mantra de "poner las urnas no es delito" y en un comunicado ha afirmado que "seguirá plantando cara a la represión". Oriol Junqueras se ha pronunciado en parecidos términos y ha dicho que la sentencia es un "ataque" contra los derechos de voto, manifestación y reunión.