Enfrentado a los agricultores de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page teme más que nunca a las encuestas que vaticinan que el próximo 28 de mayo los socialistas podrían perder el Gobierno regional. Solo así puede entenderse la surrealista confesión que ha realizado en las últimas horas: "Los únicos pozos regularizados y legalizados aquí, en el Guadiana, han sido con gobiernos socialistas".
La frase en cuestión viene a responder a la promesa electoral del candidato del PP, Paco Núñez, quien, en plena polémica por Doñana, aseguraba hace unos días que, si llegaba al poder, haría lo mismo que está haciendo Juanma Moreno en Andalucía. Ante el temor de que dicho compromiso pudiera robarle votos, Page no dudaba en presumir este miércoles de la legalización de pozos como una medida impulsada por el PSOE que, según ha dicho, se paralizó con la llegada de María Dolores de Cospedal. "Que no se mienta a la gente", ha llegado a decir en un acto de partido.
La trascendencia de su confesión
La reivindicación no sería un escándalo si no fuera porque el Gobierno de España está machacando al PP andaluz acusándole de querer legalizar pozos en el entorno de otro Parque Nacional y porque, además, ésa es precisamente una de las denuncias que la Comunidad de Usuarios de Rus-Valdelobos incluía en la querella criminal presentada contra el PSOE de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional, una querella destapada por Libertad Digital, que el propio García-Page siempre ha defendido que estaba llena de falsedades.
Según estos regantes, entre 2008 y 2012 -con José María Barreda en el Gobierno regional- se lanzaron toda una serie de ofertas públicas de adquisición de derechos de agua (OPAD) por valor de más de 80 millones de euros. El objetivo inicial era "aliviar presiones" sobre las Tablas de Damiel, asumiendo la obligación de destinar el 70% del volumen total adquirido a la recuperación ambiental de la zona. Sin embargo, tal y como denuncian los agricultores -y como recoge un durísimo informe de los ecologistas de WWF- en realidad dichas ofertas sirvieron para comprar pozos secos en zonas que ni siquiera habían sido declaradas sobreexplotadas, al tiempo que se incumplió el compromiso medioambiental, al destinar el volumen adquirido a "legalizar pozos ilegales dentro del acuífero 23 o Mancha Occidental, provocando así el efecto contrario al perseguido".
Concretamente, según los cálculos de los denunciantes, con los 14.500.000 metros cúbicos de la compra de derechos de agua en pozos secos se habrían legalizado después más de 20.700 hectáreas de cultivos leñosos y 2.700 pozos ilegales, algo que habría contribuido a dañar aun más una zona, la de las Tablas de Daimiel, que, según los ecologistas, está mucho peor que la de Doñana. Precisamente por eso, su portavoz en el patronato del Parque Nacional de Castilla-La Mancha. Rafael Ubaldo. no entiende por qué el Ejecutivo no está tomando medidas al respecto.
"La presión del acuífero de la Mancha Occidental es cinco veces mayor en volumen y diez veces mayor en superficie que en Doñana, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a Page no le meten caña si Daimiel está peor? ¿Aquí no tienen que aplicar un 155 como quieren aplicar en Andalucía? -se preguntaba hace unos días en declaraciones a Libertad Digital-. ¿Por qué esa obcecación de Teresa Ribera con Andalucía y Murcia y no con Castilla-La Mancha?". Él mismo, sin embargo, dejaba caer la posible respuesta: "¿Puede ser porque en unos sitios gobierna el Partido Popular y aquí gobierna el PSOE?".
Después de la surrealista confesión de Emiliano García-Page, las preguntas se hacen más necesarias si cabe. No en vano, si algo han reiterado los ecologistas es que "lo que tiene que hacer Ribera es denunciar la situación de Castilla-La Mancha, porque, si no, lo que está haciendo es partidismo y partidismo del malo". Además, según WWF, en estos momentos ya hay al menos 51.465 hectáreas de cultivo que se riegan con agua extraída ilegalmente del Acuífero 23, que sustenta el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, el equivalente a unos 62.300 campos de fútbol.