Los ataques cibernéticos están de moda en La Moncloa. Si al presidente Pedro Sánchez o a los ministros Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles les espían los móviles con Pegasus, a una de las fundaciones del Gobierno, clave en las investigaciones del caso Tito Berni, también le ha tocado ahora un "ataque cibernético". La propia entidad, algunos de cuyos contratos están siendo investigados por su vinculación con la trama del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, asegura que "este ataque no ha afectado al funcionamiento operativo de la Fundación y se están restableciendo
gradualmente todos los servicios". La pregunta es sí el atacante ha accedido a información clave y delicada o no.
La propia Fundación ha reconocido el "ataque cibernético a parte de los servidores de la FIIAPP". La Fundación ha denunciado, de hecho, "una intervención externa sobre parte de sus servidores". "La FIIAPP ha recibido un ataque cibernético, que afecta a parte de sus servidores. Los servicios de la web se vieron afectados temporalmente y se están restableciendo gradualmente otros servicios afectados", aclara la entidad.
Pese a ello, la Fundación afirma que "durante el año 2022 se ha recibido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, que acredita la robustez de los sistemas de información de la entidad, si bien el riesgo cero no existe". "Desde la FIAPP se están dando los pasos adecuados para superar este incidente. Este ataque cibernético ha sido denunciado y su origen está siendo investigado", concluye la Fundación.
Información clave en la investigación
Pero, sea como sea, los archivos de esta entidad, dependiente por completo del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden albergar información clave en la investigación del caso del Tito Berni. Pedro Sánchez no ha dejado de intentar desviar este escándalo pretendiendo que la opinión pública considerara que el caso era una cuestión de la Guardia Civil –uno de los imputados es un general retirado de la Benemérita que trabajaba para la Fundación en el momento de los presuntos delitos–. Pero lo cierto es que la Justicia acaba de ratificar en un auto justo lo contrario de lo pretendido por Sánchez: el general Espinosa, efectivamente, lo es de la Guardia Civil, pero actuaba en todo el caso Tito Berni o caso Mediador como "director" del proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto que obtiene financiación de la Comisión Europea y que es gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (FIIAPP), entidad del Gobierno que cuenta en su patronato con la vicepresidenta Calviño, los ministros Llop y Albares y catorce secretarios de Estado.
Ese reciente auto señala con claridad que, por mucho que el general lo fuera de la Guardia Civil, su papel dependía de una entidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Y que, aunque evidentemente, no dejó de ser general de la Benemérita, realizaba funciones de director responsable de un proyecto de una entidad del Gobierno del mismo presidente. El sumario incide en que, por esa condición del cargo de un proyecto oficial de una fundación del Gobierno, el general podría haber conseguido dádivas, regalos o pagos. Y es que Francisco Espinosa Navas era el director del Proyecto GAR-SI Sahel de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (FIIAPP).
El general dependía directamente de la Fundación
Los investigadores han probado igualmente que el general en cuestión mantuvo una plena coordinación con la Fundación Internacional Iberoamericana –dependiente plenamente del Gobierno de Pedro Sánchez– durante el periodo en el que la Justicia investiga el posible fraude en la concesión de contratos en el Sahel, el área de destino del general denominado en la trama del Tito Berni como Papá. La vinculación se materializó en la dependencia directa de la Fundación y en el cobro de una nómina mensual que llegó a superar los 9.700 euros en alguno de los pagos, como recoge la documentación en poder de la Justicia.
El cierre a esta etapa de cobro de nóminas, además, se saldó con un notable pago indemnizatorio de 32.026 euros procedente de la misma Fundación: la misma que cuenta en su patronato con la presencia destacada de Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y catorce secretarios de Estado entre los que se encuentra Ángela Rodríguez Pam.
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