El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 9 de Barcelona ha rechazado suspender de manera cautelar la convocatoria de empleo público del Consejo Comarcal del Maresme que reservaba hasta 6 puestos de trabajo a personas que se autodeterminaran trans. La medida había sido solicitada por la asociación feminista L´Escola, quien había recurrido el proceso de selección y entendía que, si éste no se paralizaba hasta que la Justicia determinara si se ajustaba o no a derecho, se perdería el objeto del pleito, puesto que, cuando se dictase sentencia, los elegidos ya habrían incluso terminado su contrato.
La apreciación no era en balde, puesto que el juicio ha sido fijado para el 10 de abril de 2025 y los mencionados contratos expiran el 31 de enero de 2024. "Da tiempo incluso a lanzar otras dos convocatorias", advertía entonces la abogada Núria González. Aun así, la juez considera que "versando el recurso sobre una convocatoria de empleo público, la suspensión de dicho proceso selectivo afectaría sin duda tanto al interés público como al de los terceros concurrentes". Con todo, rechaza la medida cautelar solicitada por L´Escola que, sin embargo, no tira la toalla: "Vamos a presentar un recurso de apelación".
En declaraciones a Libertad Digital, la letrada de la asociación tiene claro por qué la magistrada deniega su solicitud: "No hay voluntad de pronunciarse sobre este asunto. Parece que prefieren que pase el tiempo y se pierda el objeto del pleito. La fecha del juicio y el rechazo de la medida supone casi de facto el archivo del proceso sin discusión jurídica, lo que, para nosotras, representa una violación de la tutela judicial efectiva".
A lo que no ha accedido la jueza es a la pretensión de la Generalitat para desactivar directamente el recurso de las feministas: imponer a L´Escola una fianza de casi 300.000 euros si quería seguir adelante con el recurso. González se felicita por esta decisión, ya que, de lo contrario, "hubiera sido un escándalo". Sin embargo, reitera que si algo demuestra la desorbitada petición del Gobierno de Cataluña es su voluntad de amedrentarlas.
La convocatoria que desató la polémica
La polémica saltaba a la prensa el pasado mes de enero. "El Consejo Comarcal del Maresme contratará a 6 personas transgénero", rezaba la convocatoria, que aclaraba que el contrato en cuestión se extendería desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Para acreditar la condición de persona trans, únicamente se exigía una declaración jurada; ni haber cambiado de sexo en el Registro, ni contar con informes médicos de ningún tipo. Y eso es precisamente lo que indignaba a la asociación L´Escola A.C,, que advertía de la imposibilidad de evitar el "fraude".
En este sentido, la abogada Núria González subrayaba que, si bien "la doctrina constitucional acepta medidas de discriminación positiva para colectivos determinados" -como personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género-, éstas han de acreditar su condición "a través de documentación médica, administrativa y judicial oficial, pero en ningún caso se permite una declaración jurada". A su juicio, esta forma de proceder "genera una total situación de inseguridad jurídica para cualquiera que quiera participar en la convocatoria impugnada".
En primer lugar, la letrada advertía de que "no se pueden determinar las características socioeconómicas de un grupo en concreto si no se puede acotar dicho grupo", como sucede con las personas que se autodeterminan transgénero, ya que, a priori, cualquiera podría pertenecer a dicho colectivo. Además, esto imposibilita cualquier control antifraude, puesto que "al no poder acreditarse tal extremo de ninguna manera objetiva, simplemente con una declaración jurada, es decir, el sentimiento de cada persona en el momento de optar a ese empleo público, tampoco se puede acreditar lo contrario".
En definitiva, lo que esta asociación denuncia es que es imposible impedir que alguien que únicamente quiera aprovecharse de las facilidades otorgadas a este colectivo se autodetermine trans sin ni siquiera habérselo planteado nunca, lo que deriva en una flagrante injusticia. El reproche es extensible, además, a otras convocatorias que ya se han denunciado a Inspección de Trabajo en Badalona, así como a Aragón, la primera comunidad en poner en marcha estos cupos para personas trans.