
Teruel Existe va a presentar esta misma semana "una denuncia contra el Gobierno por un posible delito medioambiental". Le acusa de haber vulnerado la Ley "autorizando a Forestalia a operar una línea de Muy Alta Tensión de forma privada cuando por ley, sólo puede ser explotada por Red Eléctrica Española".
"Es ilegal", denuncia en declaraciones a Es la Mañana, Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe. De hecho, contradice las declaraciones que la ministra Teresa Ribera hizo en el Senado en 2022.
"En efecto, consideramos que las líneas de Muy Alta Tensión para evacuar la generación producida a gran distancia no pueden ser líneas privadas. Creemos que el impacto acumulado de esas grandes distancias hacen muy difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable", decía la ministra.
El Gobierno reconoce el impacto medioambiental
Sin embargo, hace unas semanas, el 14 de abril, el BOE publicaba la autorización de este proyecto. Y lo hacía, además, a pesar de que en el texto reconoce la contaminación atmosférica que va a provocar y que "uno de los aerogeneradores está situado a un radio de 1.500 metros de distancia del municipio de Azuara"; uno de los que más sufrirá la "contaminación acústica junto a Almonacid de la Cuba".
El Gobierno también reconoce que muchos puntos de esta línea, se situarán "dentro de la Demarcación Hidrofráfica del Ebro" y que esto podría derivar "en la contaminación accidental de los cursos de agua por acumulación de escombros o residuos líquidos como aceite o combustibles".
Por si esto fuera poco, añade que si bien el proyecto "sí tendrá impacto en la fauna y flora de zonas ZEPA", añade que "el promotor alega que el impacto de la misma ya viene marcado por la situación del hábitat".
La punta del iceberg
Teruel Existe asegura que esta "es sólo un parte de un macroproyecto que se llama Sputnik, que lleva Forestalia y que pretende tender una línea de Muy Alta Tensión de 275 km al norte de Teruel" que llegará hasta Barcelona. En total, 475 torres de 118 metros de altura, según el BOE.
El Ministerio desoye, incluso, la moción que quedó aprobada en el Senado el 22 de septiembre de 2021 con 155 votos a favor y en la que se instaba al Gobierno a no autorizar este proyecto "porque responde a intereses privados, de una empresa privada" y porque "causará un daño irreparable tanto al hábitat como al turismo de una zona que, con la agricultura en horas bajas, había encontrado en este modelo económico un acicate".
El proyecto ha encontrado el rechazo de prácticamente todos los Ayuntamientos y Diputaciones por las que transita, excepto de la Diputación de Teruel y del Gobierno de Aragón, que llegó a proponer soterrar la línea.
Esto es sólo el comienzo para una especulación energética que abarca desde los parques eólicos al traslado de la energía. De hecho, Forestalia ya está trabajando en una nueva línea desde Teruel a Castellón y Valencia. A través de su filial, Energía Inagotable de Larentina SL, que actúa como promotora del proyecto, atraviesa el foco del incendio de Bejís. Un hecho que demuestra que la Ley de Montes sí permite utilizar los terrenos calcinados para estos fines.