La Audiencia Nacional ha aceptado la puerta abierta por la Fiscalía Europea para analizar los contratos y uso de fondos públicos por parte de la Fundación Internacional Iberoamericana dependiente del Gobierno. La entidad europea solicitó a la Audiencia que se encargara de la situación personal del general retirado vinculado a esa Fundación y la respuesta de la Audiencia ha sido afirmativa hasta el punto de que pretende analizar todos los vínculos reales de ese general retirado con la Fundación dependiente por completo del Gobierno de Pedro Sánchez. Y el material no es pequeño: dos apartados de la investigación versan sobre esa Fundación y uno de ellos no se centra en todo lo descubierto hasta el momento en el área del Sahel. Se concentra precisamente en operaciones y contratos en el resto del planeta, especialmente, en América Latina.
Hasta ahora, la Justicia se ha concentrado en cuatro contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación Internacional Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, pese a ello, la Policía Judicial ha aportado mucha más documentación sobre otros contratos que afectan, incluso en el mismo área del Sahel a uniformes, equipos de telecomunicaciones, de informática, protecciones balísticas, etc que se sacaron a concurso dentro de los mismo lotes en los que ha aparecido el rastro de la presunta corrupción dentro de los pagos de la Fundación.
La Justicia tiene claro que las funciones de contratación se llevaron a cabo desde la Fundación y que, por mucho que se realizaran por un general de la Guardia Civil, lo hacía en condición de director del proyecto investigado de la Fundación de Pedro Sánchez.
Y la actividad de esa fundación ha sido amplía y diversificada por todo el planeta. Así, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tenerife cuenta con pruebas de que los planes de expansión del negocio presuntamente corrupto de la trama del Tito Berni pasaban por ampliar el esquema ya empleado con fondos en el Sahel hacia los países del área del Cuerno de África, donde se encuentran Somalia, Kenia, Etiopía, Sudán, Yibuti, Eritrea o Uganda. Pero la actividad de la Fundación que depende por completo del Gobierno de Pedro Sánchez iba mucho más allá.
Proyectos millonarios en Cuba, Venezuela o Colombia
Libertad Digital ya ha publicado diversos ejemplos de esta actividad. Y una de las partes del sumario, de hecho, se centra en las operaciones de la Fundación que podrían haber quedado dentro del radio de acción de la trama del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, fuera del área del Sahel y hasta de África. De este modo, esta misma entidad -que alberga en su patronato a Nadia Calviño, Pila Llop, José Manuel Albares o Ángela Rodríguez Pam- ha financiado, por ejemplo, las energías verdes en Cuba con 4,3 millones de euros en plena crisis. Y no es un caso aislado: esta fundación también ha mostrado su generosa actividad en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Venezuela y para proyectos sociales y de género que han ascendido a 32 millones de euros.
Igualmente, la actividad de la Fundación de preferencia de Pedro Sánchez se ha deshecho en partidas de gasto de las que se beneficia la Colombia del antiguo miembro del M19 Gustavo Petro: tres planes de 26 millones de euros de la Fundación del Tito Berni -que se financian con fondos de la UE- incluyen a Colombia en su base de beneficiarios. Y todos ellos con planteamientos tan abiertos como "AL [América Latina] INVEST Verde, alianza para el crecimiento sostenible y el empleo", "SEACOP V, proyecto de cooperación portuaria contra el tráfico marítimo" o "COPOLAD III: Programa de cooperación birregional UE-LAC sobre políticas de drogas".
El último ejemplo es, probablemente, aún más rotundo. Y es que, mientras el Clan de los Soles y la dictadura venezolana están siendo investigados por EEUU por ser una de las principales ramas del narcotráfico que penetra en el país norteamericano, la mencionada Fundación Internacional Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que lo mejor es que el dinero de la UE sirva para que esta entidad coordine un programa de control de drogas de 15 millones con la narcodictadura venezolana.