Con el foco puesto en Melilla, nada hacia presagiar este miércoles que la Guardia Civil desarticularía una nueva trama de compra de votos en Mojácar que acabaría con siete detenidos, entre ellos el número 2 y el número 5 de la lista del PSOE en el municipio almeriense. Sin embargo, lo cierto es que la propia formación advertía hace apenas diez días a sus simpatizantes de que la compra de votos está penada con tres años de cárcel, una curiosa advertencia que se ha terminado convirtiendo en premonición y que sugiere que el partido podría haber tenido conocimiento del delito que estarían cometiendo algunos de sus dirigentes.
"Recordatorio: las penas se elevan hasta los tres años de prisión por comprar votos o impedir que alguien ejerza su derecho -comenzaba la nota que todavía continúa publicada en su página de Facebook-. Quienes soliciten directa o indirectamente el voto mediante recompensa, dádivas, remuneraciones o con la promesa de las mismas, pueden acabar en el juzgado. Incluso si mediante estas prácticas pretenden inducir a la abstención". Además, se subrayaba que "si la persona que comete este delito es empleado o cargo público también podrá ser inhabilitado de 1 a 3 años".
Dinero y promesas de empleo público
Según la información que ha trascendido hasta ahora, la trama liderada por Francisco Bartolomé Torres Flores y Cristóbal Vizcaíno González, números 2 y 5 de la candidatura socialista, ofrecía presuntamente entre 100 y 200 euros a quien le vendiese su voto, fundamentalmente a ciudadanos de Paraguay, Colombia y Ecuador. Además, se les prometía que serían contratados por el consistorio en el caso de que los socialistas consiguiesen arrebatar la alcaldía a los populares.
El objetivo: arañar 500 papeletas, la cifra con la que pensaban que podían arrebatar el ayuntamiento al PP. No en vano, en 2019 fueron exactamente 547 los sufragios que separaban a ambos partidos. En esta ocasión, creían que sería suficiente con menos, ya que confiaban en que la erosión de cuatro años de Gobierno haría el resto.
Balones fuera
A pesar de que los investigadores trabajan con la posibilidad de que el PSOE fuera consciente de las intenciones de la trama, su candidato a la alcaldía no ha dudado en desmarcarse rápidamente de lo sucedido. "Quiero trasladar a mis vecinos y vecinas de Mojácar mi consternación ante unos presuntos hechos de los que soy absolutamente ajeno y de los que en ningún momento he tenido conocimiento de irregularidad alguna por parte de mi equipo en este proceso electoral", asegura Manolo Zamora en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Lejos de quedarse ahí, el cabeza de lista del PSOE aprovecha, además, para echar balones fuera y desviar la atención hacia el partido de Gobierno: "En cambio, sí me consta la existencia de la comisión de presuntos delitos por parte de la candidatura del Partido Popular de Mojácar, a quien personalmente denuncié ante la Guardia Civil el pasado 16 de mayo en el cuartel de Garrucha". Zamora se refiere así a una denuncia en la que acusa a los populares de utilizar el censo electoral "desde el mismo momento en que el Ayuntamiento de Mojácar dispuso de él para el periodo de reclamaciones de la ciudadanía".