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Llop confina a los funcionarios en huelga en una sala sin ventilación y sin comida: "Quieren una salida humillante"

CSIF denuncia que su objetivo es que abandonen el encierro por puro agotamiento: "No es la actitud de un Gobierno que se dice de los trabajadores".

CSIF denuncia que su objetivo es que abandonen el encierro por puro agotamiento: "No es la actitud de un Gobierno que se dice de los trabajadores".
El comité de huelga, antes de ser confinados en una sala sin ventilación y sin comida | Twitter CSIF

Tras más de 24 horas encerrados en el Ministerio de Justicia, los funcionarios en huelga reiteran su voluntad de seguir adelante a pesar de las trabas que el departamento dirigido por Pilar Llop parece ir añadiendo cada hora que pasa. Después de que su número 2, Tonxtu Rodríguez, rompiese de forma "abrupta" las negociaciones "con actitud desafiante y caprichosa", este miércoles el Gobierno parece haber ido un paso más allá. "Se está intentando restringir al máximo la movilidad del comité de huelga en el Ministerio, intentando confinarnos en la sala de reuniones de apenas 20 metros cuadrados, sin ventanas y sin ventilación, e impidiendo desde esta misma noche el acceso a la máquina expendedora de comida y bebida", asegura el comité de huelga, formado por CCOO, UGT, CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia).

Según había explicado a Libertad Digital el representante del sindicato CSIF, Manolo Moreno, tanto él como sus compañeros habían tenido que dormir en el suelo. Sin embargo, hasta ahora se les había permitido moverse por la planta en la que se encontraban, así como adquirir aquello que necesitasen. "Por la mañana, algún alma caritativa nos ha traído un café y vamos comiendo cosas de una máquina que hay por aquí", decía. Ahora, la estrategia habría cambiado por completo con un único objetivo: conseguir que abandonen el encierro por puro agotamiento.

"Quieren forzar una salida para poder salir triunfantes, quieren una salida humillante que es inaceptable en un Gobierno al que se le llena la boca de decir que dialoga con todos, que está con los ciudadanos y que es el Gobierno de las clases medias... Pues para nosotros es una auténtica mentira, una filfa —lamenta Javier Jordán, portavoz de Justicia del CSIF—. Ésa no es la actitud de un Gobierno democrático, de un Gobierno que se dice socialista, progresista y que se dice de los trabajadores".

Visiblemente indignado, Jordán atendía a los medios a última hora de este miércoles para informar de que, después de 24 horas, y a pesar de la apelación directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo seguía sin mover ficha: "No han dicho absolutamente nada, no han dado la cara, nadie ha venido aquí ni ha tenido la sensibilidad o la dignidad de acercarse y por lo menos decir que no había nada".

Un Gobierno "clasista" y "tremendamente injusto"

Aun así, el portavoz de CSIF asegura que la determinación de los compañeros que continúan encerrados en el Ministerio de Justicia "es muy clara y es aguantar". Según defienden, no les queda otra salida, porque es "tremendamente injusto" que el Gobierno esté tratando así "a los 45.000 funcionarios de Justicia, que son los que están sacando adelante la Justicia, a pesar de la enorme carencia de medios personales, la enorme carencia de medios materiales, el caos informático y los juzgados que se caen a pedazos todos los días".

En este sentido, cabe recordar que lo que reclaman es una reorganización de sus funciones y una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos al mes, en línea con lo que han logrado en lo últimos meses los letrados de Justicia y los jueces y fiscales. Sin embargo, a diferencia de estos colectivos, los funcionarios repartidos por toda España aún no han recibido una oferta del Minsterio de Pilar Llop. De ahí que los huelguistas tachen al Gobierno de "clasista", ya que, a su juicio, "solo se sienta con la élite de la administración".

Se da la circunstancia de que los funcionarios fueron los primeros en iniciar las protestas, pero, después de mes y medio, y a pesar de que su huelga ha provocado ya la suspensión de 700.000 juicios y 40 millones de trámites, el Ejecutivo no parece dispuesto a acercar posturas. En la última reunión, celebrada este martes, el secretario de Estado de Justicia se levantó de la mesa instando a los empleados públicos a posponer cualquier negociación a finales del mes de julio, una vez celebradas las elecciones generales. Su objetivo: "Garantizar un ambiente sosegado" de cara al 23-J. Sin embargo, los funcionarios han sido claros: "Si querían un ambiente sosegado, que se lo hubieran ganado antes".

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