Después de tres días encerrados en el Ministerio de Justicia sin que Pilar Llop y su equipo se avengan a negociar, los funcionarios han optado este viernes por desistir de esta vía y denunciar a la ministra ante la Fiscalía del Supremo por "vulneración del derecho a la negociación colectiva y obstrucción" al ejercicio del mismo. Así lo ha anunciado a las puertas del alto tribunal el presidente de Justicia del sindicato independiente CSIF, Javier Jordán, quien, además, ha asegurado que, en estos momentos, también estudian interponer otra denuncia ante los juzgados de Plaza de Castilla por "coacciones y trato degradante".
Este nuevo episodio llega después de que, tal y como adelantó Libertad Digital, el Gobierno confinase a los huelguistas en una sala sin ventilación y sin comida para forzar su abandono. Al principio, les dejaban acceder a una máquina expendedora, pero, tras las primeras 24 horas, se les negó el acceso a la misma y se impidió que sus compañeros les hicieran llegar comida al Ministerio. Las primeras consecuencias no han tardado en llegar: esta misma mañana, efectivos del Samur han tenido que personarse en las dependencias de Justicia para atender a uno de los funcionarios confinados.
Una ambulancia de @SaludMadrid llega a @justiciagob para atender a uno de los miembros del Comité de Huelga por un problema de salud tras 3 días de encierro.
Les han prohibido que se les facilite cualquier tipo de alimento.
🗣 Este trato es inhumano. pic.twitter.com/bdeGEBhoT5
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) June 9, 2023
"Se trata de un suceso que nosotros entendemos que es muy grave y el compañero lo ha pasado francamente mal. No se puede tener a cinco personas sin comer", advierte Jordán, que asegura que las personas encerradas "tienen ya sus achaques y evidentemente el no comer decentemente o dignamente les afecta también a su estado físico y a su estado mental". Según denuncia, las ordenes vienen de arriba y el objetivo es más que evidente: "Creemos que es un trato degradante y un trato inhumano, el negar la comida a unas personas con una finalidad, que es la de hacerles reblar, hacerles hincar la rodilla y hacerles abandonar en su empeño de defender los derechos de los trabajadores por una vía que creemos que es realmente inaceptable".
Termina el encierro, continúa la huelga
Aún así, los funcionarios han optado finalmente por poner fin al encierro desde las 17 horas de esta tarde, pero, eso sí, advierten de que están "más unidos y más fuertes que nunca" para afrontar nuevas movilizaciones contra un Gobierno que ha mostrado "su cara más antisindical, degradante y antidemocrática". Su objetivo: "No admitir ya más discriminación, más clasismo, ni que se siga sin reconocer profesional y retributivamente su trabajo y sus funciones.
Sus reivindicaciones pasan -además de por una reorganización de funciones- por una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos al mes, en línea de lo que han logrado en lo últimos meses sus compañeros. Sin embargo, a diferencia de los colectivos ya mencionados, los más de 45.000 funcionarios repartidos por toda España aún no han recibido una oferta del Ministerio de Pilar Llop. No en vano, este agravio comparativo ha llevado a los sindicatos a tachar al Gobierno de "clasista", ya que, según denuncian, "solo se sienta con la élite de la Administración".
Adiós a la negociación colectiva
Así las cosas, la denuncia presentada esta mañana ante la Fiscalía gira precisamente en torno a esta cerrazón. "Entendemos que lo que ha sucedido no es una negociación real y efectiva, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo", explica el presidente de Justicia de CSIF, que asegura que la ministra y su secretario de Estado se han limitado a despachar la huelga de funcionarios con la presentación de una "introducción a una propuesta" como un "mero trámite", pero cerrándose a hacer contraoferta alguna ante las observaciones de los representantes sindicales.
"Creemos que en una sociedad democrática, en un Estado social y democrático de Derecho, un Gobierno democrático que defienda la Constitución, que defienda estos principios, tiene que respetar la negociación colectiva y el derecho de libertad sindical, porque esto es un logro de los trabajadores y trabajadoras que han obtenido a lo largo de los siglos"
El escrito presentado en el Supremo recuerda así que "el artículo 8 , apartado 2 del Real Decreto Ley 17/1997 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo establece que ‘desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de Huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo’", una premisa que el Gobierno habría ignorado por completo.