La opinión mayoritaria, al menos por ahora, de Junts parece avenirse a un pacto con Pedro Sánchez para permitir un Gobierno siempre que el PSOE avance en la amnistía a los golpistas y favorezca una consulta separatista. Pero un rama interna ha apostado fuerte. Y lo ha expuesto de una manera que ha despertado el interés de Carles Puigdemont. Esa rama plantea hacer las reclamaciones totalmente duras –amnistía pura y exigencia de un referéndum separatista igualmente nítido– con el fin de imposibilitar a Sánchez aceptarlas. El plan: forzar una repetición nacional de elecciones y conseguir, de ese modo, un hundimiento aún mayor de ERC en esos comicios antes de las elecciones catalanas. Porque están convencidos de que pueden dar la puntilla política a los de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.
La presidenta de Junts, Laura Borràs, por su parte, advirtió al PSOE desde el inicio de que su partido "no rebajará" sus condiciones para una investidura de Pedro Sánchez. Y que esas exigencias incluyen la autodeterminación y la amnistía.
"Junts no rebajará esas condiciones para una eventual investidura. No hemos venido a rebajar nada, sino a conseguirlo todo. Haríamos mal si empezamos la negociación rebajando algo". Palabras de Borràs. Que si se unen a las de Gonzalo Boye, el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, dan idea de un planteamiento duro que llama a la puerta del órgano decisorio de Junts. Boyé dio la dimensión de la "amnistía": nada menos que para "4.000" encausados por delitos relacionados con el 1-O y el separatismo.
¿Consulta no vinculante?
Las opciones de Junts pasan por aceptar una consulta no vinculante, algo que en el PSOE amplios sectores ven como una salida para lograr un pacto de investidura; por aceptar esa misma consulta sabiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez podría reaccionar diluyéndola con una consulta en el resto de España el mismo día o en fecha cercana; o por elevar la apuesta y exigir un imposible: un referéndum literal de ruptura frontalmente violador del artículo 2 –unidad indivisible de España– de la Constitución. Lo cierto es que ninguna de las opciones debería ser admisible en puridad constitucional, pero el presidente del Tribunal Constitucional se llama Cándido Conde-Pumpido y en el PSOE cuentan con su capacidad para retorcer la realidad jurídica y la Carta Magna hasta el punto de que pudiese avalar una consulta bajo el falaz argumento de que su carácter no vinculante la hiciera admisible por no afectar al ámbito jurídico.
Con la amnistía pasa algo parecido aunque con cierta distancia. El Gobierno pretende avanzar en la dirección de dejar morir los procesos por delitos del 1-O abandonando la Fiscalía las acusaciones. Pero Junts puede exigir –como afirma por ahora– una amnistía plena y formal, con el impacto que ello supondría para las opciones políticas del PSOE.
¿Y cuál sería el resultado de unas y otras opciones? El sector más duro de Junts señala que ERC se ha dejado más de 400.000 votos el 23-J y se ha quedado literalmente con la mitad del voto de 2019. Y que le ha regalado el voto al PSC, precisamente, por no haber exigido las posturas más duras de todas. Por eso, según han expuesto, un postura dura podría forzar una repetición de los comicios generales y una mayor caída tras haber mostrado, de nuevo, los de Junqueras su predisposición inmediata a apoyar la investidura de Sánchez. Y esa rama de Junts considera que, en consecuencia, podría haber llegado el momento de dar la puntilla política a ERC mostrándose claramente más duros.
El tiempo dirá la solución definitiva en las negociaciones internas de Junts