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Sánchez deberá saltarse todos los controles institucionales para aprobar la amnistía a tiempo

El PSOE trabaja en un procedimiento acelerado para tenerla lista en sólo un mes, aunque el Senado la vete.

El PSOE trabaja en un procedimiento acelerado para tenerla lista en sólo un mes, aunque el Senado la vete.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez aplaude las intervenciones durante un acto del PSOE. | EFE

El PSOE apura los plazos para evitar a toda costa una repetición electoral que daría una nueva oportunidad a la derecha de sumar mayoría. Antes siquiera de que se confirme fallida la investidura de Alberto Núñez Feijóo, los socialistas ya han puesto en marcha toda su maquinaria para amarrar los apoyos necesarios a Pedro Sánchez. Sobre la mesa, la aprobación de ley de amnistía que exige el prófugo Carles Puigdemont antes de votar.

La vía para lograr que la norma entre en vigor antes de finales de noviembre, plazo límite para llegar a un acuerdo que evite ir a las urnas, es presentar una Proposición de Ley, como ya se hizo con el delito de sedición en la anterior legislatura. Esta figura legislativa no requiere de la iniciativa del Gobierno, que al estar en funciones no puede aprobar proyectos, y en su lugar pueden registrarla los grupos parlamentarios.

Al igual que ocurrió con la sedición, su tramitación podría hacerse de manera directa y por lectura única, para reducir al máximo los plazos parlamentarios y, de paso, eludir los informes del Consejo de Estado, los fiscales o el CGPJ, de forma que la Mesa del Congreso calificaría la ley y en apenas una semana pasaría a Pleno para ser sometida a una sola votación. De ahí iría al Senado, donde la mayoría del PP vetaría la norma. En los trámites ordinarios esto supondría retrasar su tramitación dos meses, pero con el procedimiento acelerado regresaría al Congreso en apenas 20 días. En total, un mes.

Lo habitual es que este tipo de tramitación se haga para modificaciones legislativas pequeñas pero su utilización para reformar el Código Penal y eliminar la sedición supone un peligroso precedente, ya que se está aplicando para cambios legales de gran calado sin tener en cuenta los controles institucionales previos, que permiten advertir posibles conflictos o consecuencias legales, como ya hicieron con Ley del sólo sí es sí, aunque sin éxito puesto que el Gobierno no tuvo en cuenta los avisos.

Sin compromiso de no volverlo a hacer

De esta forma, los partidos del Gobierno en funciones se saltarían, por segunda vez en apenas unos meses, el dictamen previo de los órganos consultivos con normas de especial trascendencia, para dar satisfacción así a las exigencias de los separatistas en pago a su apoyo. La portavoz de Sumar, Marta Lois, así como el negociador de Podemos con Puigdemont, Jaume Asens, ya han puesto de ejemplo lo ocurrido con la sedición para defender la amnistía.

Lois incluso desveló ayer que ya trabajan con un grupo de 20 expertos para decidir "cuál es la vía más idónea para el marco de personas que puedan beneficiarse de la ley de amnistía", dejando entrever que no sólo pretenden aplicarla a las "élites políticas", según dijo, sino para "las miles de personas de la sociedad civil" que están procesadas por el golpe de Estado del 1-O.

La norma ni siquiera tendría por qué incluir el compromiso explícito por parte de los beneficiados de que no volverán a cometer los mismos delitos, según admitió la propia Lois, que a preguntas de la prensa fue incapaz de responder si ese requisito estará incluido en la ley amparándose en la "discreción" de las negociaciones que llevan a cabo.

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