Nueva denuncia presentada contra Yolanda Díaz, ahora por malversación, por su viaje a negociar con Carles Puigdemont. Se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña. La presentan José Ernesto Merino y Ana María Méndez. Y la denuncia destaca que, por lo sabido, la vicepresidenta ha incurrido en gastos públicos en su viaje a ver a Puigdemont para negociar con él apoyos políticos a cambio de una amnistía y, según Junts y ERC, hasta un referéndum de ruptura de España.
La denuncia destaca que "en base a la documentación aportada (comunicaciones del Gobierno de España), se ha cometido un delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal español; ya que, la vicepresidenta, viajó a Bruselas alegando no ir en representación del Gobierno de España y, sin embargo, utilizó caudales públicos para realizar dicho viaje". La redacción añade que "la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz Pérez, viajó el pasado lunes, 5 de septiembre de 2023, a Bruselas para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont; principal dirigente del golpe separatista que tuvo lugar en octubre de 2017, en Cataluña" y que "la mencionada reunión tuvo lugar alrededor de las 12:00 horas de este lunes, 5 de septiembre, en una de las estancias del Parlamento Europeo". "Dicha reunión", destaca el texto, "tuvo una duración aproximada de tres horas y, tras la misma, tanto la vicepresidenta del Gobierno como el prófugo de la justicia, adelantaron ante los medios que tras el éxito de este encuentro celebrarían más reuniones".
Los denunciantes señalan que "es importante recordar que, actualmente, existe una orden de detención contra Carles Puigdemont, dictada por el Tribunal Supremo, y que atiende a delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. Todo ello, en relación a uno de los ataques más graves que ha sufrido nuestro Estado de Derecho, desde el golpe de Estado que tuvo lugar en 1981". Así, "a pesar de que, por una parte la vicepresidenta del Gobierno afirme haber asistido a la reunión a título personal, y por otra parte la Moncloa se desmarque del mencionado viaje; es sobreentendido que Yolanda Díaz no puede suspender su condición de vicepresidenta ante una reunión de tal calibre e importancia para el estado español" y "el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, establece en su sentencia 8/2017 que "el delito de malversación consiste en la deslealtad del funcionario público en la gestión de bienes públicos, apartándolos de su destino o desviándolos del mismo".
Por ello, los denunciantes consideran "que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha incurrido en este delito, el cual atenta contra la correcta administración de los recursos públicos y socava la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la sociedad". Es más, "los hechos comentados en los apartados anteriores, hacen de la reunión entre Yolanda Diaz y Carles Puigdemont, un descrédito a la calidad democrática de España. Siendo, este hecho, un antes y un después en la imagen de España en la Unión Europea.
Hay que recordar que ya Sociedad Civil Catalana (SCC), organización cívica y cultural constitucionalista, ha denunciado ante la sala segunda del Tribunal Supremo a la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por "faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". La querella se basa en la reunión mantenida entre Yolanda Díaz y el prófugo Carles Puigdemont con el acompañamiento del exdiputado de Podemos Jaume Asens y Toni Comín, también huido de la justicia tras el golpe de Estado separatista de 2017.
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