El Frente Feminista Internacional, formado por un total de 539 asociaciones de 7 países de todo el mundo, protagoniza este martes una acción conjunta para exigir a sus respectivos gobiernos que cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas, así como "las mutilaciones de cuerpos sanos a menores que se autodeterminan trans", y que se dé marcha atrás en las leyes y protocolos que así lo permiten.
Las organizaciones españolas -entre las que se incluyen la Confluencia Movimiento Feminista, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres o la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (Amanda)- serán las encargadas de entregar una misiva al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, en la que se advierte al Gobierno de que España está incumpliendo la legalidad vigente y poniendo en riesgo la salud de nuestros menores.
Los principales riesgos
"Pese a que el artículo 149.1 del Código Penal en vigor lo prohíbe expresamente, en España se están prescribiendo tratamientos supresores de la pubertad mantenidos durante cuatro o más años a niñas y niños", denuncian las firmantes, que aseguran que esto "supondrá, en la gran mayoría de los casos, su esterilidad".
Sin embargo, ésta no es la única consecuencia de la que alertan, sino que también hacen hincapié en la prescripción de hormonación cruzada a menores de edad "que puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos", así como en la extirpación de "órganos sanos", lo que, a su juicio, "contraviene el artículo 149.2. del Código Penal", que castiga la mutilación genital en menores.
Muchos países ya han rectificado
Precisamente por eso, insisten en que se trata de un auténtico "escándalo sanitario" y piden al Gobierno de Pedro Sánchez que recapacite y frene estos "experimentos" con niños y adolescentes "como ya han hecho en otros países de nuestro entorno". En este sentido, las firmantes subrayan especialmente el ejemplo de países que en su día fueron pioneros a la hora de apostar por el llamado "tratamiento afirmativo" como única vía para abordar este asunto.
"Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca han reconocido que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental y que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes". Ante tal constatación, "estos países han limitado ese uso a entornos de investigación, y priorizan ya el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores", señalan.
La delicada situación en España
Su deseo es que España también rectifique. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Según denuncia el Frente Feminista, la polémica Ley Trans impulsada por Irene Montero, así como las distintas normas autonómicas, "permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental". Es más, "estas leyes tienden a llamar ‘terapia de conversión’ a toda ayuda psicológica" y, por tanto, amenazan con penalizarla. Además, los protocolos sanitarios de las distintas comunidades autónomas "refuerzan la inmediata prescripción de los tratamientos mencionados, partiendo de un ‘autodiagnóstico’, algo que, comprensiblemente, no sucede con ningún otro tipo de pacientes".
Como consecuencia de estas leyes, las firmantes denuncian que, tal y como ha sucedido en otros países en los que se ha impuesto la terapia afirmativa, "también en España estamos viviendo un aumento exponencial de casos de personas que solicitan tratamiento para modificar la apariencia de su sexo y su perfil ha cambiado radicalmente". Así, las asociaciones españolas han remitido al ministro de Sanidad un completo dosier, en el que se constata que el número de personas atendidas por la sanidad pública se ha disparado un 10.000% en algunas comunidades y que, "si en un pasado reciente la mayoría eran hombres adultos, hoy son sobre todo chicas adolescentes –en 7 de cada 10 casos- las que quieren cambiar su cuerpo".
Ante esta "alarmante situación", el Frente Feminista exige tanto al Ministerio de Sanidad como a las Consejerías de las Comunidades Autónomas que tomen en consideración los datos aportados, así como las consideraciones de todas las sociedades médicas y científicas, incluido el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), quien ya manifestó en su día "la necesidad de que los menores sean atendidos por equipos médicos multidisciplinares especializados durante todo el proceso" con el fin de evitar posibles arrepentimientos tardíos, así como para mitigar "los posibles daños psicológicos y orgánicos que un proceso acelerado de transición de género puedan tener".