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El equipo del negociador de Sánchez con Puigdemont admite ya la "amnistía" y dice que "cabe en la Constitución"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido sin ningún reparo la amnistía.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido sin ningún reparo la amnistía.
MADRID, 11/05/2023.- La presidenta de Navarra, María Chivite participa en el desayuno Informativo celebrado este jueves en Madrid. EFE/ Mariscal | EFE

El negociador socialista favorito del separatismo se llama Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE nacional y alma del socialismo navarro. Él es el que ha logrado un entendimiento pleno entre la cúpula socialista y Bildu. Y quien también lidera negociaciones con el separatismo catalán. Y una de las personas de su más directa confianza y cercanía -la presidenta navarra, María Chivite, acaba de afirmar que "las amnistías caben en la Constitución, ya ha habido otras amnistías en la historia de este país" admitiendo implícitamente que, efectivamente, su Gobierno pretende regalar una amnistía a todo el separatismo.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, lo ha afirmado recientemente en una entrevista en Radio Euskadi. Donde no ha tenido problema, no sólo en defender la amnistía como vía de negociación de la investidura de Pedro Sánchez, sino que ha asegurado que la plenamente ilegal e inconstitucional amnistía tiene "cabida en la Constitución".

La palabra prohibida

Sus declaraciones coinciden con las efectuadas por Oriol Junqueras, quien afirmó que ya estaba pactada la amnistía, pero contradicen por completo el mensaje oficial que traslada en estos días el Gobierno de su compañero Pedro Sánchez quien, no sólo no confirma la existencia del pacto para realizar una amnistía, sino que ha llegado a prohibir el uso de esta palabra en el partido. Pero Chivite se ha sentido cómoda en un medio local vasco y ha confesado lo que es un secreto a voces: que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a forzar la máquina para intentar aprobar una amnistía que supondría la deslegitimación plena de la democracia española.

Y es que Chivite y el Gobierno saben perfectamente lo que están haciendo con la negociación de la amnistía con Junts y ERC. De hecho, saben que los informes elaborados, entre otros, por la Asociación de Fiscales, destacan que esta amnistía implicaría de facto la despenalización del golpe separatista del 1-O por la deslegitimación implícita que conllevaría para los delitos afectados: a pasado y a futuro. Y lo saben de tal manera que, de hecho, en las comunicaciones mantenidas por sus negociadores con gente de Junts, los portavoces del Gobierno han esgrimido ese factor como catalizador del pacto de investidura entre los separatistas y Pedro Sánchez. Por eso han trasladado su postura de que no es necesario definir demasiado un referéndum de forma expresa porque el vaciado penal de la amnistía permitiría repetir los delitos sin tener persecución penal alguna. Traducido: que los efectos de la amnistía harían que se pudiera repetir un 1-O sin castigo.

No se trata de ninguna lectura nueva sobre los efectos de la amnistía. Pero lo que sí es nuevo es que lo mismo que esconde el Gobierno de puertas afuera, es lo que ofrece de puertas adentro a los separatistas. Y es que numerosas voces han salido a la opinión pública a afirmar que una amnistía es absolutamente inconstitucional porque implica una deslegitimación de los tipos penales afectados en el 1-O. Y que, por lo tanto, vaciados sus tipos penales, los actos -el 1-O o la declaración unilateral de independencia o el amotinamiento del Parlamento Catalán o el uso de los Mossos con fines ilegales, etc- podrían cometerse sin castigo penal.

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