Bildu avanza en la escritura de la historia de un País Vasco plagado de ataques y torturas por parte del "Estado español". Y, en base a esa historia justificar una "represión" previa que supuestamente avale la amnistía de los etarras y, además, reclamaciones para las familias de los "oprimidos". Los procesos administrativos contra supuestas torturas policiales en Navarra han comenzado en plena negociación entre Bildu y Pedro Sánchez para configurar los apoyos del PSOE en la sesión de investidura del presidente en funciones.
Y ahora Bildu da publicidad a un cálculo que afirma que más de 37.000 personas fueron recluidas en las prisiones franquistas de 1936 a 1945 en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. La estrategia del partido de Arnaldo Otegi pasa por escribir una historia de opresión en la que se observe a un País Vasco permanentemente reprimido y atacado por un pretendido "estado opresor". Y para ello, el uso de datos del franquismo, recabados en base a la Ley de Memoria Democrática, mezclados con datos de supuestos torturas policiales en la etapa democrática, les permite dar una idea de continuidad entre la dictadura y la etapa de democracia y bajo la Constitución de 1978. Una idea en la que trabajan desde hace tiempo consistente en intentar deslegitimar el régimen del 78 para afirmar que sus etarras eran poco menos que héroes de la defensa de los derechos humanos y que simplemente se defendían de las teóricas agresiones de una potencia colonizadora.
En eso trabaja Bildu. Y en eso les puede ayudar Pedro Sánchez. Para empezar, la Ley de Memoria Democrática fue transformada a exigencia de Otegi con el fin de ampliar el periodo de aplicación de esta norma y meter parte de la etapa democrática. El objetivo de esa transformación fue doble: en primer lugar, poder cargar contra los GAL. En segundo lugar, dar esa idea de continuidad opresora en plena etapa democrática.
Por eso los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la negociación de la amnistía. Porque saben que abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras. La causa radica en la deslegitimación del Gobierno, régimen, Justicia y Constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y es que en Bildu no ocultan que esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como "presos políticos" y "condenados políticos" aplicada a los etarras, puesto que, si la Justicia, gobiernos o Constitución que han albergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la ahora exigida legitimidad de las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como "parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español", según esa argumentación.
La puerta de entrada de esta tesis enloquecida sería la aplicación de la amnistía a los delincuentes del 1-O. Una carta de presentación inadmisible pero menos difícil de masticar por la opinión pública que la petición expresa de una amnistía para los asesinos etarras. Pero, a efectos jurídicos, lo cierto es que esa amnistía lleva implícita una deslegitimación institucional y constitucional brutal y una equivalente legitimación de la violencia como respuesta a una pretendida imposición centralista que dejaría a un tiro de piedra política la exigencia de su traslado a los etarras.
En ese esquema, la certificación administrativa -sin garantías judiciales- a efectos políticos de supuestas torturas policiales en democracia y los informes sobre presos del franquismo, le permiten a Bildu mostrar su fotografía buscada de una región oprimida.