La resistencia democrática al golpe de Pedro Sánchez: el aluvión de entidades que han alzado la voz

Tras una semana de manifestaciones a las puertas de la sede del PSOE, los socialistas firmaban este jueves un pacto con Junts que no solo incluía la polémica ley de amnistía, sino que abría la puerta a la aprobación de comisiones de investigación que puedan juzgar la labor de los jueces para determinar si ha habido ‘lawfare’ o, lo que es lo mismo, una persecución injustificada de los tribunales a los independentistas por sus ideas políticas.

Si la amnistía ya había desatado la crítica de un sinfín de organizaciones y sectores profesionales, el rechazo a esta posibilidad ha concitado una unanimidad sin precedentes en la historia de la democracia. Así, en las últimas 48 horas, han sido numerosos los comunicados emitidos contra el golpe que Pedro Sánchez pretende asestar al Estado de Derecho por un puñado de votos: vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidentes de las audiencias provinciales, jueces decanos, asociaciones judiciales de todo signo, asociaciones de fiscales, abogados del Estado, colegios de abogados, letrados de justicia, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo y Seguridad Social, funcionarios del Tribunal de Cuentas, secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, empresarios, asociaciones policiales y de la Guardia Civil y hasta diplomáticos, entre otros que se siguen sumando.

Conservadores y progresistas del CGPJ

El CGPJ fue uno de los primeros órganos en mostrar su rechazo a la ley de amnistía. "No es compatible con el Estado de derecho", sentenciaba la declaración institucional aprobada el pasado lunes por 9 votos. Sin embargo, los vocales progresistas decidieron mantenerse al margen, por lo que la izquierda política y mediática no dudó es menospreciar tal posicionamiento.

Tras conocer el acuerdo firmado por PSOE y Junts, no obstante, las tornas cambiaron y el sector progresista se sumó a las críticas. Este mismo jueves, dos de sus tres representantes en la Comisión Permanente, suscribían un nuevo comunicado en el que el CGPJ mostraba su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare', denunciando que ello "implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".

Todas las asociaciones judiciales

De la misma manera, todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces para la Democracia, se unían para denunciar la "intromisión en la independencia judicial y la quiebra de la separación de poderes" que suponía el acuerdo rubricado por los socialistas. "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta" al hacer referencia a un posible ‘lawfare’, subrayaba el comunicado rubricado también por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

Sus postulados han sido suscritos, entre otros, por la Asociación de funcionarios de Cuerpos Superiores al servicio del Tribunal de Cuentas, que recuerda que a este organismo le compete el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurran quienes gestionen fondos públicos y advierte de que, en esa tarea, es imprescindible "garantizar la independencia judicial, así como el respeto a las resoluciones dictadas, conforme determina la Constitución y el Estado de Derecho".

Decanos, audiencias provinciales y TSJ

De la misma forma, el comunicado de las asociaciones judiciales ha sido asumido también por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, así como por unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lérida, Gerona, Madrid o la Audiencia Nacional. Por su parte, los presidentes de las audiencias provinciales han optado por adherirse al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ, mostrando su "más enérgico rechazo" al supuesto ‘lawfare’.

A su juicio, lo que se plantea es una "flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho". Por eso, muestran su "sorpresa e indignación" ante un documento que, según denuncian, "supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea".

Asociaciones de fiscales

Junto a los jueces, tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF e incluso la Unión Progresista de Fiscales también han mostrado su "absoluto rechazo" a las pretensiones de Pedro Sánchez y sus socios, al considerar que suponen un "ataque sin precedentes" a la independencia judicial.

Para la AF, esto se traduce "en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho". Para la APIF, que recrimina al Fiscal General su silencio "no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve en el cargo", supone "una intolerable sombra de sospecha sobre la actuación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado, y una lamentable hipocresía por parte de aquellos que llevan politizando la cúpula de la Justicia española en su beneficio desde hace casi cuatro décadas".

Abogados del Estado

A todas las asociaciones y organismos ya mencionados, se suman igualmente un centenar de abogados del Estado que rechazan "rotundamente" unos acuerdos de investidura que suponen "un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho". Se refieren así a la amnistía y a la mención al supuesto ‘lawfare’, pero también a la condonación de la deuda de Cataluña y la posible convocatoria de un referéndum.

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Junto a ellos, numerosos abogados particulares de toda España, con el Colegio de Abogados de Madrid a la cabeza. "La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional", advierte el ICAM, quien hace un llamamiento a la separación de poderes que caracteriza a un Estado de Derecho: "El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional".

Letrados de Justicia

Mención especial merece igualmente el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, quien, tras conocer el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas, ha concluido que "resulta evidente que el principio de legalidad, unido al Estado de Derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles, están en serio peligro". Además, muestra su inquietud ante la certeza de que "se está asumiendo una reforma constitucional encubierta".

También en este ámbito, las asociaciones progresistas parecen haber cejado en su empeño de respaldar al PSOE. "Mostramos nuestro rechazo a cualquier intento de poner en duda la limpieza del proceso judicial", ha subrayado la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.

Fuerzas de Seguridad

Su denuncia es la misma que la de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Convocados por el SUP y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), decenas de agentes se manifiestaron este viernes en Barcelona contra la amnistía. Al mismo tiempo, la asociación Pro Guardia Civil (APROGC), emitía un duro comunicado en el que acusaba a Pedro Sánchez de "vaciar de contenido la misión constitucional" que los agentes tienen encomendada.

"¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?", se preguntaba esta asociación, que recordaba que los guardias civiles, como militares que son, están dispuestos a "derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional".

Inspectores de Hacienda

Capítulo aparte merecen las cesiones en materia de financiación. En el pacto de legislatura firmado con el PSOE, los de Puigdemont reclaman que se "facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña", algo que ha soliviantado a los inspectores de hacienda, que ven detrás de la maniobra de Pedro Sánchez un "abuso de poder y de las instituciones del Estado".

Así, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha emitido un durísimo comunicado, en el que no solo dice ver peligrar sus condiciones laborales, sino en el que que, además, denuncia que esto implicaría "la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles, recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia por la vía de hecho de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna".

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

El mismo argumento esgrime el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que el jueves ya emitió un comunicado para oponerse a las cesiones a Cataluña y el viernes hizo lo propio tras conocer los acuerdos alcanzados con el PNV en el País Vasco. A su juicio, todo ello rompe con el "principio de igualdad", "vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual".

"Que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios...) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social", han alertado los inspectores.

La Administración local

La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminitración Local (APSITAL), por su parte, insiste en que "las normas existen para cumplirlas, se dictan para que obliguen a todos por igual y la labor del servidor público es cumpliras, velar por ese cumplimiento. Y la del Poder Judicial, sancionar su incumplimiento. Igual. Para todos". Así, APSITAL se posiciona "en la defensa a ultranza del Estado de Derecho" y de la separación de poderes, frente al "insaciable ansia de poder del estamento político".

Los empresarios

En cuanto a los empresarios, la CEOE ha convocado para el lunes un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia ante la "grave preocupación existente en el mundo empresarial". Su máximo representante, Antonio Garamendi,ya reclamó el pasado martes estabilidad, moderación y cumplimento de la ley ante la situación política que se vive en España y afirmó que a los empresarios les gustaría que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se pongan de acuerdo.

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ya denunció hace exactamente un mes que lo que está haciendo Pedro Sánchez no es más que "una compra de votos a cambio de impunidad", algo que "no tiene precedentes en ningún país democrático de nuestro entorno" y que, a su juicio, responde únicamente a un "interés particular".

Diplomáticos

Quienes también concretarán en los próximos días su postura respecto a la amnistía son los diplomáticos. Al no haber acuerdo sobre como abordar este asunto hasta conocer la literalidad de la norma, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se ha limitado por ahora a denunciar la posible inconstitucionalidad de la parte del acuerdo entre PSOE y Junts que más les afecta directamente: "la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales", así como la creación de su propio "cuerpo de acción exterior".

Asimismo, los diplomáticos reivindican "con legítimo orgullo" la labor que han venido realizando desde 2017 para contrarrestar "la campaña internacional de desprestigio alentada contra España por el independentismo".

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