El Partido Popular ha registrado en el Congreso una solicitud de recusación para el letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, por ser exalto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez hasta ser designado para el cargo. El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que "vulnera el principio de imparcialidad y objetividad" y pide suspender el trámite parlamentario de la Ley de amnistía hasta que se resuelva su revocación.
De prosperar la petición, la norma quedaría en suspenso hasta que Galindo fuera sustituido, aunque la mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso dificulta mucho esta posibilidad. El PP argumenta que Galindo no puede ser el encargado de elaborar el informe jurídico sobre la Ley de amnistía dado que fue director general de Cooperación Autonómica y Local y luego Subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.
En una nota remitida a los medios, el grupo popular recuerda que Galindo era miembro de un Ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar y, "es más que probable" que "sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos; por lo que queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo".
El PP explica que Galindo está casado además con Mercedes Cabrera, quien ha sido directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre. Por todas estas circunstancias y, según las leyes del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y el Estatuto del Personal de las Cortes, el partido considera que "debería abstenerse en la causa".
Dado que no ha optado por esta vía motu proprio, el PP solicita su recusación. El partido recuerda además, como también hizo Vox la semana pasada, que el 23 de marzo de 2021 el anterior secretario general del Congreso presentó un dictamen técnico a la proposición de ley de amnistía presentada por ERC y el Grupo Plural, que desestimaba su calificación e inadmitía a trámite por ser inconstitucional.