La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los independentistas al constituirse la Cámara Baja. La intención de Junts es señalar a los jueces en la sede de la soberanía nacional y denunciar el supuesto lawfare (judicialización de la política contra los adversarios) y, de este modo, ampliar la lista de beneficiarios de la Ley de Amnistía.
Junts decidió registrar las comisiones de investigación este pasado viernes, recabando para ello la firma del PNV, en vez de buscar un texto común con ERC o el PSOE. La propuesta ha salido adelante en la Mesa del Congreso con los votos a favor del PSOE y de Sumar y el voto en contra del PP. Ahora todo queda en manos de la Junta de Portavoces, que será la encargada de incluir estas comisiones en el orden del día del un próximo Pleno del Congreso.
Cuando se constituyó el Congreso, el PSOE alcanzó varios acuerdos con ERC y con Junts para, entre otras medidas, crear sendas comisiones de investigación sobre los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la llamada 'operación Cataluña' que supuestamente tendría como objetivo desacreditar a políticos independentistas.
Atentados islamistas y operación Cataluña
La primera comisión busca "saber la verdad" de los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, cometidos cuando Carles Puigdemont presidía la Generalidad, y esclarecer "las responsabilidades políticas" de cualquier índole. Los de Junts dan veracidad a la versión (también alentada por el comisario Villarejo) que apuntan a que uno de los implicados, Abdelbaki es-Satty, imán de Ripoll, fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La otra comisión de investigación se refiere a la denominada 'operación Cataluña', las actuaciones que se atribuyen supuestamente al Ministerio del Interior en los Gobiernos de Mariano Rajoy para lanzar informaciones falsas contra políticos independentistas con el fin de intentar desacreditarlos.
El Congreso ya ha investigado varias veces la ‘operación Cataluña’. En las conclusiones se reprobó al primer ministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, así como al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos del uso "partidista" de este departamento.
Persecución a los jueces
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto 'lawfare' y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.
Es decir, si la mayoría parlamentaria decide, tras la comisión de investigación, que una sentencia es injusta por tratarse de una persecución judicial, se evitaría la condena impuesta. Aunque la Ley de Amnistía ya implica un borrado de los delitos cometidos durante el procés, la comisión además podría propiciar la persecución de los jueces y su señalamiento por un posible delito de "prevaricación".
Precisamente esa mención al lawfare en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que consideran intolerable que el Congreso fiscalice la actuación de los tribunales.