El Gobierno de Pedro Sánchez apenas se ha estrenado y ya tiene que hacer frente a todo tipo de incendios de carácter institucional, judicial e, incluso, diplomáticos. Una situación que ha elevado la alarma en el Partido Popular que alerta de que estamos ante un "hundimiento institucional sin precedentes" por el perjuicio causado a la independencia judicial y el prestigio internacional de España.
En apenas un día, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria contra el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, por haber sido nombrada sin cumplir el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio; y el CGPJ ha rechazado el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Al varapalo judicial contra el Ejecutivo de Sánchez se suma la crisis abierta con Israel que ha llamado a consultas a su embajadora en España después de que el presidente español dijera en una entrevista en TVE que "duda" si el país hebreo cumple con el derecho internacional. Una ristra de problemas a la que se sumará mañana que el Gobierno va a someter a España al arbitraje de un mediador internacional durante la reunión con Junts en Suiza.
"El panorama se presenta desolador y muy preocupante para el futuro de nuestro país y el Estado de derecho", trasladan fuentes del PP ante los últimos acontecimientos, acusando al Gobierno de "intentar controlar el Estado de derecho a través de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado" ante las que "se ha encontrado con dos nuevas resistencias en el Poder Judicial independiente", destacan.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, valoró ayer desde Bruselas la sentencia del Supremo, después de reunirse con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, por la amnistía, y dijo que "la respeta" pero "no la comparte". Declaraciones que han llevado al PP a decir que "espera que el Gobierno acepte el veredicto de la Justicia y no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado" ante los "dos varapalos judiciales" que se han producido y que "no tienen antecedentes en nuestra historia democrática".
Los de Feijóo acusan al Gobierno de "avasallar las instituciones democráticas con todos sus tentáculos de partido" y exigen "respeto a la independencia judicial", el mismo día que Sánchez hacía suya la teoría separatista del lawfare o supuesta persecución judicial y policial por razones políticas.
También el presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó ayer en X lo ocurrido en las últimas horas asegurando que el Gobierno "está tratando de imponer un régimen hecho a medida del PSOE y los enemigos de España" y lanzó un mensaje al PP, sin nombrarle: "Quien no se atreve a oponerse, que se aparte. O por lo menos que no colabore con los golpistas", escribió en plena ofensiva del partido contra los de Feijóo para reclamar que no tramiten la amnistía en el Senado, pese a que se trata de una medida ilegal.