La marcha de los cinco diputados de Podemos al Grupo Mixto promete abrir una encarnizada batalla por el reparto de las jugosas subvenciones que Sumar logró tras las elecciones del pasado 23 de julio. Según el acuerdo firmado apenas unas semanas antes por ambas formaciones, en caso de que los morados abandonasen la coalición, perderían el dinero que les correspondía y que, según pactaron, ascendía a un 23% del total. Sin embargo, nada más hacer pública su decisión, Podemos se apresuró a asegurar a sus medios afines que la ruptura no implicaría una merma económica, por lo que los de Yolanda Díaz empiezan a mover ficha en aras de evitar lo que ya amenaza con convertirse en una pugna en los tribunales.
"Cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos ante un caso de transfuguismo. Y no lo digo yo, lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos de forma unánime, incluido Podemos", aseguraba este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en referencia al Pacto Antitransfuguismo firmado en 1998 y actualizado por última vez en 2020.
El tránsfuga no cobra las ayudas de Interior
La acusación no es baladí, ya que el mencionado acuerdo hace referencia explícita a las subvenciones que en estos momentos están en liza. "En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de personas electas", reza el artículo 2d.
De esta forma, aunque los de la formación morada podrían seguir recibiendo las ayudas que el Congreso otorga a los diputados a título individual, así como las que concede al Grupo Mixto del que ahora formarán parte, perderían las que emanan del Ministerio del Interior, que son precisamente las más jugosas. Solo por esta vía, Sumar recibirá este año algo más de 6 millones de euros, por lo que Podemos -al que, según el acuerdo firmado con Yolanda Díaz, le correspondía un 23% de dicha cantidad- esperaba contar con cerca de 1,4 millones.
Una definición que plantea dudas
"Lo que es evidente es que el transfuguismo no puede en ningún caso en este país ser premiado", respondió Urtasun cuando le preguntaron directamente si entonces iba a llevar ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo la decisión de los cinco diputados de Podemos. En cualquier caso, tampoco lo confirmó: "Lo estamos estudiando". Su ambigüedad podría responder a las dudas que plantea la definición de tránsfuga, ya que no queda claro que afecte a quienes abandonan en bloque una coalición no a título individual, sino como partido político, que es lo que ha hecho Podemos.
"A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo", establece el punto primero del pacto antitransfuguismo, según su última actualización.
Por qué ese dinero es clave para Podemos
Sea como fuere, si Sumar llevase a los diputados de Podemos ante la Comisión (compuesta por un representante de cada una de las fuerzas políticas que suscribieron el acuerdo), evitaría así que, al menos en un primer momento, la Justicia tuviera que pronunciarse sobre un conflicto económico que tiene mucha más trascendencia de lo que cabría imaginar, ya que, si quieren presentarse a las próximas citas electorales, ese dinero sería fundamental para los de Ione Belarra. Precisamente por eso, tampoco les interesa que la decisión se dilate en el tiempo.
Al margen de los comicios vascos y gallegos -que, según ha trascendido en las últimas horas, podrían adelantarse-, en 2024 tendrán lugar también las elecciones europeas. A día de hoy, todo parece indicar que la formación morada se presentaría en solitario a estas últimas y, de hecho, no se descarta que incluso Irene Montero sea la candidata. La exministra de Igualdad todavía no ha solicitado la indemnización por cese de altos cargos que sí reclamó en su día Pablo Iglesias y que, en su caso, ascendería a más de 120.000 euros a razón de 5.165 euros al mes. Se da la circunstancia de que esta cuantía es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada.
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