Las entidades Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe han remitido a las instituciones europeas un informe donde se detalla el grave deterioro del Estado de derecho en España a raíz de las alianzas de la pasada legislatura del PSOE con ERC y de los acuerdos en esta con los independentistas que han dado pie a la investidura de Pedro Sánchez.
El documento recoge a lo largo de cincuenta páginas los ataques a la independencia judicial, la apropiación por parte del Gobierno del Ministerio Fiscal, del Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal al dictado de los independentistas, las espurias razones en la concesión de los indultos a los golpistas y en la tramitación de la ley de amnistía, las comisiones parlamentarias para acosar a los jueces que actuaron tras el golpe de Estado, el control político por parte del Gobierno de RTVE y la agencia Efe, el abuso de la legislación de urgencia, el uso fraudulento de la figura de la proposición de ley y el ataque sistemático contra los jueces y los disidentes que lleva a cabo la Generalidad catalana.
El texto ha sido elaborado por Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la UAB y catedrática Jean Monnet ad personam, Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado en la UAB, Carlos Conde, profesor asociado en el departamento de historia de la Northumbria University e Isabel Fernández, profesora titular de Comunicación en la UAB.
Los autores advierten de que el deterioro democrático en España "exige actuaciones antes de que la situación se vuelva difícil de revertir. Las instituciones europeas, que han de velar por el respeto a los principios y valores europeos en todos los estados miembros, no pueden permanecer indiferentes ante la situación que se vive en España".
Amenazas del Gobierno
También destacan que "el deterioro del Estado de Derecho en las instituciones estatales se traduce en las amenazas a la independencia judicial; la tolerancia hacia ciertos delitos, incluida la malversación, con el agravante de que esa tolerancia opera en función de la vinculación de los delincuentes con los partidos de gobierno; la utilización partidista de las instituciones y la falta de independencia de los medios públicos de comunicación".
Alertan además de que con la amnistía se pretende borrar delitos de terrorismo que investigan los jueces y que las comisiones parlamentarias aprobadas en el Congreso suponen una injerencia en el Poder Judicial y un indisimulado intento de amedrentar a los jueces e incluir en la amnistía casos de corrupción.
Otro de los puntos que subrayan es que "la imagen de imparcialidad del Tribunal Constitucional también se ha visto dañada en los últimos tiempos. La designación para el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional de personas con estrechas vinculaciones con el Gobierno –un muy reciente Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y una jurista que había sido, hasta hace poco, directora general en el Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso– afecta a la imagen de independencia de la institución y, además, implicará con relativa frecuencia la necesidad de que los magistrados se abstengan en asuntos que están vinculados a su actividad en el Gobierno; tal y como ya ha sucedido en varios casos".
En cuanto a los indultos, señalan que respondieron a la necesidad del partido en el Gobierno de contar con el apoyo parlamentario de los nacionalistas. En este sentido, es preciso recordar que el indulto se concedió en contra del criterio manifestado por el Tribunal Supremo –órgano jurisdiccional que había condenado a los indultados–, al no apreciar ni arrepentimiento de los condenados ni razones de equidad justicia o utilidad pública que pudieran dar cobertura al indulto".
Cuestionamiento de la amnistía
En el apartado de la amnistía subrayan que:
"La demanda (o exigencia) nacionalista de una ley de amnistía es doble. Por una parte, resuelve la situación penal de quienes aún no han sido juzgados en relación a los hechos de 2017 (y posteriores, como veremos) y que, por tanto, no pueden ser indultados (en España el indulto no puede producirse antes de la firmeza de la condena). Una amnistía, así, beneficiaría, por una parte, a Carles Puigdemont y los otros investigados por los hechos de 2017 que han huido de la acción de la justicia y permanecen en el extranjero. Por otro lado, a los centenares de cargos intermedios de la Generalidad que en estos momentos están a la espera de juicio por su implicación en el intento de secesión, y que están siendo investigados por malversación (ya no por sedición, una vez eliminado el tipo penal) y también por la utilización ilegal de los datos personales de los ciudadanos para la confección del censo que se utilizó en el referéndum del 1 de octubre".
Y añaden:
"El propósito de la amnistía, sin embargo, no se limita a favorecer la situación procesal de los que ahora están siendo investigados; sino que también legitimaría las actuaciones desarrolladas para conseguir la independencia de Cataluña. Aparte de lo anterior, la ley de amnistía implicaría una injerencia del poder legislativo en la ejecución de las sentencias sin amparo constitucional (la Constitución española no prevé la posibilidad de la amnistía) y que, además, carecería de justificación objetiva; puesto que tan solo la necesidad de contar con el apoyo de los amnistiados para conseguir la investidura del candidato socialista a la presidencia del gobierno explica la concesión de ésta. Tal y como ya se ha comentado en relación a los indultos, el propósito de estas medidas para descriminalizar los ataques contra el orden constitucional es facilitarlos, puesto que los beneficiados por el indulto o la amnistía ni han mostrado arrepentimiento ni renuncian a utilizar vías unilaterales para conseguir la secesión".
Sociedad Civil, en apoyo de los jueces
Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha emitido un comunicado en relación a las amenazas de la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, en el que muestran su apoyo a los jueces, policías y periodistas señalados por dicha diputada.
"Desgraciadamente para España, los acuerdos de investidura nos deparan una legislatura basada en la cesión continua a las exigencias de un nacional-separatismo supremacista, déspota y excluyente al que desde Sociedad Civil Catalana seguiremos plantando cara con todos los medios a nuestro alcance. Llevamos años advirtiendo del carácter tiránico y destructivo del nacionalismo, pero lo que no entendemos es que la Mesa del Congreso no interrumpiera un alegato fascista contra personas obscenamente señaladas por su nombre y apellido", apunta la nota de la entidad constitucionalista.
La junta directiva de SCC destaca además que "las palabras de la portavoz de Junts fueron toleradas, y por lo tanto, secundadas, por los partidos de Gobierno y sus aliados parlamentarios. Todos ellos son responsables de dejar el futuro de España en manos de quien la quiere destruir y, además, no esconde su propósito. Más claras las intenciones, imposible; el nacionalismo ya da por amortizada la amnistía y exige abiertamente un referéndum de autodeterminación".
En cuanto a las comisiones parlamentarias aprobadas en la sesión, SCC refiere que "no hay excusa para los diputados que ayer votaron a favor de constituir las tres comisiones parlamentarias ideadas con el único propósito de fiscalizar y amedrentar al poder judicial para liquidar la imprescindible separación de poderes".