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El terrorismo light y amnistiable de Sánchez viola en nueve puntos la directiva europea antiterrorista

La parte ya admitida supone una violación manifiesta de la directiva europea 2017/541 de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo.

La parte ya admitida supone una violación manifiesta de la directiva europea 2017/541 de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo.
Pedro Sánchez, saliendo del hemiciclo después de que el pleno rechazara la Ley de Amnistía. | Europa Press

La Ley de Pedro Sánchez no ha pasado la votación del Congreso de los Diputados porque Junts quería un cheque en blanco para amnistiar todo tipo de terrorismo relacionado con el separatismo y todo acto de alta traición y pacto con potencias extranjeras como Rusia. Pero la parte ya admitida por el Gobierno como enmienda a esa ley supone ya una violación manifiesta de la directiva europea 2017/541 de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo. Se trata de la directiva que sustituyó la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y modificó la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. Y ese texto de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros y por todos los jueces de cada uno de esos países recoge hasta nueve tipos de actos terroristas que el pacto entre Sánchez y Puigdemont han excluido. Traducido: la reforma que prepara el Gobierno pisotea el derecho comunitario.

Junts per Catalunya y el Partido Socialista (PSOE) habían llegado a un acuerdo previo en la ley de amnistía. Un acuerdo que luego le pareció poco a Carles Puigdemont. Ese pacto -que sigue vivo- modifica el artículo 2 del texto legislativo, en el que se enumeran los casos excluidos de la ley. La enmienda en cuestión concretaba con claridad que sólo quedan excluidos de la amnistía los actos de terrorismo que "hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".

Traducido: el resto de actos de terrorismo con admisibles para el PSOE. Porque, al ser amnistiables, tal y como explica la exposición de motivos de la misma ley, son admisibles y legítimos si se producen motivados por el deseo de lograr la independencia de Cataluña.
Los citados artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de derechos humanos se refieren al derecho a la vida y a no sufrir torturas o trato degradante. El artículo 2 regula, así, que "el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena". Es decir, llevado al texto español de la ley de amnistía, significa que no se podrán perdonar los asesinatos -"privación de vida intencionada"-.

El artículo 3 recoge lo siguiente: "Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Tampoco se podrán amnistiar, según esa redacción. Pero es que esta excepción está pensada para mantener los juicios contra los policías nacionales y guardias civiles destinados al 1-O.

Pues bien. Con esa redacción de la ley de amnistía se produce una violación del derecho europeo en nada menos que nueve puntos.

La definición del delito de terrorismo de la directiva de la UE comienza por explicar el concepto de "grupo terrorista": "Toda organización estructurada de más de dos personas establecida por cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo; entendiéndose por ‘organización estructurada’: una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada". Hasta aquí encaja plenamente con la imputación por terrorismo mantenida por el juez García Castellón en el caso Tsunami.

La directiva sigue y aclara que es un largo listado de actos, más allá del asesinato: "TÍTULO II
DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS RELACIONADOS CON UN GRUPO TERRORISTA
Artículo 3. Delitos de terrorismo. 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes actos intencionados, tipificados como delitos con arreglo al Derecho nacional, que, por su naturaleza o contexto, pueden perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, se tipifiquen como delitos de terrorismo cuando se cometan con uno de los fines enumerados en el apartado 2", señala la directiva. Y los enumera:

a) Atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;

b) atentados contra la integridad física de una persona;

c) el secuestro o la toma de rehenes;

d) destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos incluidos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;

e) el apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías;

f) la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego, armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares inclusive, así como la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares;

g) la liberación de sustancias peligrosas, o la provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

h) la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural básico cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

i) la interferencia ilegal en los sistemas de información a tenor del artículo 4 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 3 o apartado 4, letras b) o c), y la interferencia ilegal en los datos a tenor de su artículo 5, en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 4, letra c);

j) la amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados en las letras a) a i)".

Por lo tanto, el asalto del Prat, de oficinas públicas, el asedio a comisarías, la tenencia de explosivos, las prácticas con esos explosivos, la puesta en peligro de vidas, los ataques o atentados contra los policías o contra su integridad física, los ataques callejeros, etc. son actos terroristas en derecho europeo. Y lo son, porque, como destaca el apartado 2, lo son con los suiguientes "fines":

"a) Intimidar gravemente a una población;
b) obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo;
c) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.

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