Tras el rechazo de Junts a la ley de amnistía, el PSOE negocia in extremis para volver a resucitarla y que la legislatura pueda seguir adelante. Según el propio Pedro Sánchez, el Gobierno descarta modificar los delitos de terrorismo y de alta traición del Código Penal, posibilidades que tacha de meras "elucubraciones" y "cortinas de humo" procedentes de la "fachosfera". Lo que estaría sobre la mesa en todo caso, ha dicho en La Sexta, es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que podría incluir ciertos "elementos de mejora", como el acortamiento de los tiempos de instrucción.
Lo curioso de todo este asunto es que este planteamiento fue duramente criticado por el PSOE en 2015 cuando el que lo propuso fue el Partido Popular. No en vano, el rechazo a esta medida llevó a los socialistas a votar en contra de la reforma impulsada por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que podría ser "nefasta" para muchos casos que se seguían en los distintos juzgados de nuestro país.
"Señor ministro, escuche y entre todos hagamos que no entre en vigor esta ley para que los procesos de corrupción y los que son más complejos puedan seguir siendo instruidos", clamaba el por aquel entonces portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, insistiendo en que el hecho de acortar los plazos podría "dar al traste con decenas de procesos complejos en materia importantísima, como es la corrupción", porque son procesos que tienen una instrucción muy larga, defendía, y "acortarla podría dar lugar a la impunidad de los responsables".
El PSOE volvió a alargar los plazos en 2020
La reforma del PP contemplaba un plazo de instrucción de 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses para aquellas más complejas. Sin embargo, en coherencia con su posición -la de aquel entonces-, cuando el PSOE llegó al poder volvió a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, desde el año 2020, el límite temporal para las causas de carácter general se amplió de 6 a 12 meses. Además, se estableció que las posibles prórrogas las pudiera aprobar el juez sin necesidad de que el fiscal se lo pidiera, como determinaba la norma redactada por el PP.
"La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses", reza a día de hoy el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ahora podría ser objeto de una nueva modificación.
¿Y ahora qué?
"Yo creo que hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Son elementos que se incardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en los reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso y es el de la eficiencia de la Justicia", ha dicho Sánchez en La Sexta.
En caso de que el presidente consume finalmente la propuesta acortando de nuevo los plazos de instrucción, la medida podría contar con el rechazo de las principales asociaciones de jueces y fiscales, que ya en 2015 se opusieron a la reforma del PP. No en vano, por aquel entonces, hasta seis asociaciones firmaron un comunicado conjunto de rechazo: Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales. Tan solo se descolgó en el último momento la Asociación Profesional de la Magistratura que, no obstante, hizo público su propio comunicado criticando la norma y pidiendo que se modificara.