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La tramitación 'ad hoc' de la amnistía impuesta por el Gobierno abre la puerta a recurrir al TC antes de aprobar la ley

PP y Vox podrían solicitar amparo ante las anomalías registradas en el procedimiento parlamentario.

PP y Vox podrían solicitar amparo ante las anomalías registradas en el procedimiento parlamentario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso. | EFE

La Ley de Amnistía es un elemento disruptivo de tal envergadura que está obligando a retorcer las leyes, incluso desde el mismo momento en el que ha empezado su tramitación parlamentaria. Al margen de que su contenido suponga un ataque al Estado de Derecho, el procedimiento para obtener el visto bueno del Congreso ha puesto patas arriba la maquinaria legal de las Cortes, provocando un choque entre los propios letrados.

La próxima semana la ley regresa a la Comisión de Justicia después de ser tumbada por el Pleno del Congreso, que sí dio su visto bueno al dictamen salido de esa comisión. Un hecho sin precedentes que generó un encendido debate entre los servicios jurídicos de la Cámara. La norma, finalmente, regresará al punto inmediatamente anterior de la tramitación parlamentaria, en lugar de empezar el procedimiento de cero.

La Mesa del Congreso, tras un informe de los letrados sin firmar, dio quince días a la Comisión de Justicia, prorrogables a otros quince, para aprobar un nuevo dictamen, lo que supone saltarse varios pasos en la tramitación parlamentaria. Cuando una proposición se registra, debe ser calificada por la Mesa y después pasa a comisión, donde se elabora una ponencia. Se abre entonces el plazo de enmiendas y, tras su debate, se llega a la ponencia donde se discuten las que todavía quedan "vivas". Después se envía a Pleno para su debate y votación definitiva.

La decisión del órgano rector de la Cámara sienta jurisprudencia para futuros casos y abre la puerta a que los diputados presenten un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, antes incluso de que la ley esté definitivamente aprobada por el Congreso o el Senado, según coinciden en señalar letrados consultados por Libertad Digital, además de fuentes parlamentarias.

PP y Vox impugnaron el procedimiento parlamentario acordado por la Mesa, al entender que la norma debería volver al principio, pero la mayoría de PSOE y Sumar tumbó su petición, lo que les da argumentos, dada la posible vulneración de sus derechos fundamentales, y supone una base para presentar un recurso de amparo ante el TC, lo que puede hacer cualquier diputado, a diferencia del recurso de inconstitucionalidad que requiere de la firma de 50 representantes.

De hecho, la propia resolución de la Mesa está redactada de forma ambigua, de manera deliberada, quizá para blindarse ante posibles actuaciones. "Se podrá tener en cuenta el Dictamen de la Comisión, la enmiendas mantenidas en relación con dicha Proposición de Ley Orgánica y las enmiendas transaccionales que, en su caso, puedan formularse", señala el texto, empleando una terminología que da lugar a casi cualquier interpretación.

Más posibles vulneraciones

Esta no es la única decisión polémica de la Mesa del Congreso que puede motivar un recurso. Durante el período abierto para registrar enmiendas, el PSOE presentó ocho de ellas un segundo más tarde del plazo habilitado para ello, habiéndose registrado a las 18.00:01. Pese a parecer una cuestión menor, por tratarse de apenas un segundo, es un límite infranqueable que todos los partidos deben cumplir.

En ocasiones, si hay unanimidad de la Mesa la Cámara, pueden admitirse las enmiendas cuando se alega algún tipo de problema informático, lo que fue descartado en la situación anterior por los propios servicios técnicos de la Cámara. La Mesa, con el voto en contra del PP, decidió igualmente dar validez a las enmiendas del PSOE y admitirlas. Una decisión ante la que los populares presentaron un escrito de reconsideración, que fue rechazado. Decisión que también abre la vía para un recurso de amparo ante el TC.

¿En qué punto se encuentra ahora la ley?

La Comisión de Justicia, que previsiblemente se reunirá la próxima semana, tiene ahora hasta el día 21 para aprobar un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia, plazo prorrogable al 2 de marzo. En este momento, no se pueden registrar nuevas enmiendas pero los grupos sí pueden pactar una transaccional, es decir modificaciones, en base a las que fueron rechazadas durante el Pleno del pasado 30 de enero.

El PSOE, por tanto, puede crear una nueva enmienda sobre las ya presentadas por los separatistas. Cuando se produce uno de estos acuerdos, se retira la enmienda "simple" al articulado previa. Ésta fue una de las estrategias que siguieron los socialistas antes del último dictamen, cuando pactaron con ERC y Junts una transaccional sobre delitos del terrorismo, inventándose una nueva categoría que es la de que "sean respetuosos con los derechos humanos".

Pese a todo, Junts siguió manteniendo vivas una serie de enmiendas que son las que ahora vuelven a la Comisión. Son variadas y van desde ampliar el marco temporal de la amnistía a noviembre de 2011 (dos meses antes del actual redactado) o que las cuestiones prejudiciales de la justicia europea impidan retrasar la aplicación de la norma. Aunque la más controvertida, y en la que ponen más empeño, son la que piden ampliar la medida de gracia a todos los imputados por terrorismo, derogando el precepto de "exclusiones" de la norma, y también los delitos de alta traición.

En principio, el Gobierno insiste en que no van a tocar la norma y que "cada frase" y "cada párrafo" ha sido redactado por expertos juristas. En el Ejecutivo temen que cualquier cambio pueda dar alas al Constitucional o en su defecto el TJUE para que lo tumbe.

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