El caso Koldo, que es como se conoce a la Operación Delorme que investiga el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL ya salpica al exministro José Luis Ábalos, al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y también podría afectar directamente al exministro de Sanidad, Salvador Illa, que decidió colar al proveedor de confianza de Ábalos, el detenido Koldo García, en un megacontrato sanitario de 2.578 millones.
La empresa, que pasó de una cifra de negocio de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020 fruto de las adjudicaciones públicas a dedo relacionadas con la covid-19, entró en el 'megacontrato' que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020 con el objetivo de centralizar las compras de mascarillas, test y guantes en toda España y cuyo valor ascendía a 2.578 millones de euros.
Según avanza Voz Pópuli, un total de 155 empresas pelearon por la licitación, que finalmente se adjudicó a 72 empresas. Entre las elegidas estaba la UTE (unión temporal de empresas) compuesta por la multinacional Ferrovial y la empresa del lugarteniente de Ábalos, que no contaba con experiencia en el sector y por aquel entonces tenía cinco trabajadores.
"Según la información compartida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), esta UTE no ha recibido ningún encargo en el año y medio que lleva en marcha esta compra centralizada", apunta Voz Pópuli.
Según la denuncia realizada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, la empresa de Koldo consiguió dos contratos que se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia —uno de 24.200.000 euros y otro de 12.500.000 euros , IVA incluido— para el suministro de mascarillas. El primero adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado y el segundo por ADIF, ambos organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Además, también se investigan los contratos por 10 millones de euros adjudicados también a dedo por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres cuando ambos eran presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente.