El gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo este viernes con el ejecutivo vasco de Íñigo Urkullu para transferir al País Vasco el servicio ferroviario de Cercanías que además lleva aparejado 400 millones de euros para la mejora de infraestructuras. Esta fue una de las exigencias del PNV a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, aunque no es la única.
El acuerdo también incluye la competencia de homologar y equiparar títulos universitarios. Y queda pendiente el traspaso de la acogida de inmigrantes, la tercera gran exigencia del acuerdo entre PSOE y PNV. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha señalado en la red social X que con los nuevos traspasos "ganan los ciudadanos, gana el autogobierno vasco y gana el Gobierno de España, que profundiza en la descentralización del Estado de las autonomías".
Traspaso de Cercanías
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha señalado que con respecto al traspaso del servicio de Cercanías "había voces que lo daban por hecho hace tiempo", pero se ha trabajado para que llegue al País Vasco en "condiciones satisfactorias" y con las posibilidad de "mejorar los estándares de calidad", ha indicado.
El acuerdo recoge la gestión por parte del Gobierno Vasco de los servicios de Cercanías ya existentes y la posibilidad de ampliarlos. Las funciones que asume la comunidad autónoma vasca comprenden la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios, así como la potestad tarifaria, los horarios y las frecuencias de los trenes.
La valoración económica se ha llevado a cabo mediante la metodología del Concierto Económico, según ha explicado Garamendi, que ha detallado que el coste total anual a nivel estatal asociado asciende a 92,7 millones de euros. Con esta valoración económica será el País Vasco quien compense a Renfe el déficit en el que incurra por la prestación de los servicios de cercanías, dado que están sujetos a obligaciones de servicio público.
Queda fuera de la compensación el coste en que deba incurrirse si el País Vasco prevé una mejora de los estándares de calidad o servicios, coste que irá con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha explicado el Gobierno Vasco en un comunicado.
El acuerdo también incluye la puesta en marcha de plan de inversiones en infraestructuras de ADIF que engloba un total de 100 actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros, ha indicado Garamendi.