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Los militares trans se enfrentan a los activistas LGTBI y piden protección a la Fiscalía: ¿quién discrimina a quién?

La FELGTBI+, que apoyó la polémica ley de Irene Montero , acusa ahora a quienes se cambian de sexo de "fraude de ley".

La FELGTBI+, que apoyó la polémica ley de Irene Montero , acusa ahora a quienes se cambian de sexo de "fraude de ley".
La exministra Irene Montero, junto a la activista trans Mar Cambrollé | EFE

Tras salir a la luz la gran cantidad de militares, policías y guardias civiles que han cambiado su sexo en el Registro en el último año amparándose en la polémica ley Trans, la Federación LGTBI+ hacía un llamamiento este lunes a la Fiscalía para que actuase con "contundencia y rigor" frente a lo que calificaba abiertamente de "fraudes de ley".

Ahora, sin embargo, son los aludidos los que contraatacan: creen que están siendo víctimas de una "discriminación" por parte de estos activistas y exigen al Ministerio Público que sea contra ellos contra los que actúe, al considerar que incluso podrían estar cometiendo un "delito de incitación al odio".

El escándalo de Ceuta

El origen de la polémica se remonta a la semana pasada, cuando se conoció que solo en Ceuta se habían recibido 37 solicitudes de cambio de sexo de hombres que dicen sentirse mujeres, pero que, sin embargo, han optado por mantener su nombre masculino y su estado civil, continuando así con sus mujeres e hijos. Lo curioso de todo este asunto que, según las fuentes judiciales citadas por Europapress -de donde proceden las cifras que manejan todos los medios-, casi todos ellos son policías, guardias civiles y militares.

A partir de ahí, los protagonistas comenzaron a conceder entrevistas a periódicos y, sobre todo, a televisiones. La ya cabo Roberto, con barba y genitales masculinos, fue una de las primeras. Después, la seguirían otras. Así, trascendió incluso la existencia de una asociación denominada Tras No Normativos (TNN) -la misma que ahora se enfrenta a los activistas LGTBI-, formada por numerosos agentes y militares, pero también por otros hombres de nacimiento que hoy dicen sentirse mujeres. El discurso de unos y otros es el mismo: la ley les permite elegir lo que quieren ser y eso es exactamente lo que están haciendo.

¿Quién discrimina a quién?

Indignada por el protagonismo de estos nuevos trans, sin embargo, la Federación LGTBI pronto salía a la palestra para denunciar lo que calificaba como un "vergonzoso desfile de militares" que lo único que pretenden, dice, es "cuestionar la Ley LGTBI+, burlarse de las personas trans y atacar sus derechos al hacerse pasar por trans de forma grotesca". La pregunta que subyace a esta polémica es evidente: ¿quién discrimina a quién?.

La asociación TNN recuerda que la ley Trans "suprimió los requisitos de diagnóstico médico de disforia de género y hormonación durante al menos dos años", estableciendo como única exigencia para cambiar de sexo en el Registro "la voluntad libremente manifestada". Precisamente por eso, defienden que ni ellas tienen que justificarse, ni otros tienen por qué cuestionar su sentir. No en vano, insisten en que la propia Irene Montero -aplaudida, entre otras, por la federación que hoy pone el grito en el cielo- defendió en su día la necesidad de esta ley "para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad".

"No podemos permitir que una federación teóricamente afín nos haga perder derechos al colectivo. Basta de bulos, ataques y de intentar recortar nuestros derechos. El odio no es un derecho -subrayan desde TNN-. Nuestra asociación nace para ayudar y dar visibilidad a personas trans que no tienen una expresión de genero acorde a lo que la sociedad entiende como mujeres, para que el feminismo tradicional y excluyente no nos borre de la sociedad". Los militares y agentes advierten, además, de que "señalando a este colectivo y pidiendo que se persiga a posteriori por parte de la Fiscalía, están señalando de manera indirecta a otras personas con similares características y que quieran realizar el mismo trámite, pudiendo ser incluso un delito de incitación al odio".

Su propia medicina

El debate ha trascendido también a las redes sociales, donde son muchos los que celebran que aquellos que defendieron la ley Trans vean hoy las vergüenzas de una norma frente a la que ya les advirtieron en su día. Entre ellos se encuentra la escritora Lucía Etxebarría, quien fue denunciada el año pasado por llamar "hombre" a Marcos Ventura, una trans "con pene y barba" que se autodetermina "no binaria".

Su caso no fue el único que señaló en redes sociales. También se refirió a Álex Gallego, una trans con apariencia masculina, que fue defendida a capa y espada por los activistas que hoy dicen sentirse agraviados. "La Federación LGTBI pide a la Fiscalía actuar con contundencia contra los militares trans no normativos. Sin embargo, en 2020, lanzaron vídeo diciendo que una mujer con pene no tenía por qué hormonarse, operarse, cambiarse el nombre o vestir de forma femenina. ¿Alex gallego no era fraude?", se pregunta en su cuenta de X (antes Twitter).

Frente a la doble vara de medir que parece tener esta Federación que apoyó fervientemente la norma de Irene Montero, las feministas clásicas lo tienen claro. "Lo de estos militares no es un fraude, el fraude es la ley", sentenciaba la semana pasada en declaraciones a Libertad Digital, Sonia Gómez, portavoz de la Confluencia Movimiento Feminista.

Tal y como ella misma subrayaba, "a esta gente no se la puede acusar de fraude legalmente, porque la propia ley dice que basta sólo con tu palabra. ¿Cómo puede demostrar un juez que yo no me siento lo que sea? Ese es el problema, que la ley Trans es la única ley en la que el sentimiento prima sobre la realidad objetiva", resumía.

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