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La demoledora lista de informes jurídicos contra la amnistía que arrincona al Gobierno

El CGPJ, los letrados de las Cortes o asociaciones de jueces la declaran inconstitucional.

El CGPJ, los letrados de las Cortes o asociaciones de jueces la declaran inconstitucional.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), conversan con el portavoz del partido en el Congreso Patxi López. | EFE

El Gobierno sufre cada vez más presión por parte de los miembros de la carrera judicial para retirar la amnistía. La resistencia ejercida por jueces, letrados o fiscales a aplicar una norma que consideran inconstitucional, pone en cada vez más dificultades a Pedro Sánchez, sobre todo de cara a Europa.

El último en pronunciarse ha sido el CGPJ, que ha emitido un informe muy crítico con la amnistía, aprobado por una abrumadora mayoría de 9 a 5. El texto sostiene que la ley no tiene encaje en la Constitución española, cuestionando no sólo su contenido, sino también la tramitación parlamentaria que se ha llevado a cabo.

A la larga lista de pronunciamientos en contra de la norma, se suma también el informe de los letrados del Senado advirtiendo de que la amnistía aprobada por el Congreso es inconstitucional. Una resolución que ha motivado el choque institucional entre ambas Cámaras, promovido por el PP, que ha solicitado al Parlamento que la retire bajo amenaza de acudir al Tribunal Constitucional.

También los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso emitieron un informe en el mismo sentido que los del Senado, declarando la norma inconstitucional, en contra del criterio previo expresado por el letrado mayor, Fernando Galindo, afín al PSOE y que fue nombrado en su cargo al principio de la presente legislatura, cuando los socios de Sánchez exigieron la amnistía a cambio de apoyar su investidura.

La cascada de advertencias es incesante, lo que pone en serios aprietos al Gobierno, que precisamente quería evitar que se pronunciaran las instituciones del Estado tramitando la norma por la vía de urgencia, lo que elude al CGPJ o el Consejo de Estado. Sin embargo, la gravedad de la ley, que pone en peligro el Estado de Derecho e implica una reforma constitucional por la puerta de atrás, ha empujado a los estamentos judiciales a movilizarse, incluido las cuatro asociaciones de jueces. Un hecho sin precedentes en la democracia española.

Europa, en alerta

Aunque el Gobierno utiliza de manera torticera la opinión de la Comisión de Venecia para insistir en que Europa avala la ley, lo cierto es que el informe final supone una enmienda a la totalidad de la norma. El dictamen cuestiona su tramitación por la vía de urgencia, la falta de consenso político y social para aprobarla, así como la ampliación de los delitos que ampara y el plazo de aplicación. Incluso sugiere que es necesario una reforma constitucional.

La presión se trasladará ahora al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, al que el Gobierno utilizó en varias ocasiones como parapeto para rechazar las enmiendas finales introducidas por Junts, que acabó imponiéndose ante un Sánchez muy debilitado por el caso Koldo. Vox ha recurrido en amparo del TC y el PP presentará también recurso para que dirima el conflicto institucional que se ha desatado.

Está previsto también que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE, que será en última instancia el que decida sobre la amnistía. En su valoración podrían jugar un papel determinante todos los informes emitidos hasta ahora contra la norma, y que el presidente del Gobierno está obviando para poder seguir en La Moncloa.

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