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El PP reprobará a Bolaños en el Senado por la amnistía en pleno choque institucional con el Congreso

Le acusan de despreciar el papel de la Cámara Alta y manipular el informe de la Comisión de Venecia.

Le acusan de despreciar el papel de la Cámara Alta y manipular el informe de la Comisión de Venecia.
La senadora del PP Alicia García interviene en la sesión de control al Gobierno en el Senado. | EFE

El PP ha registrado en el Senado una moción de reprobación contra el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se debatirá en el próximo Pleno, por sus recientes declaraciones sobre el conflicto institucional que la Cámara Alta mantiene con el Congreso a cuenta de la amnistía, y por su "tergiversación" sobre el informe de la Comisión de Venecia.

Según el escrito presentado por la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el PP acusa que Bolaños de "falta de respeto institucional" por decir que "la soberanía nacional recae en las Cortes Generales, pero en particular en el Congreso", en referencia a la tramitación de la amnistía, despreciando así el papel de la Cámara Alta.

Los de Feijóo acusan, además, a Bolaños, ministro también de relaciones con las Cortes, de "conducta lamentable" por "dar publicidad y tergiversar de manera contumaz el contenido del borrador confidencial del informe de la Comisión de Venecia" sobre la amnistía.

El borrador fue filtrado y utilizado por el Gobierno para intentar venderlo como un aval a la norma. Sin embargo, el informe final es una enmienda a la totalidad de la ley porque cuestiona su alcance temporal, los delitos que ampara o la tramitación escogida.

La reprobación registrada por el PP saldrá adelante, previsiblemente, dada la mayoría absoluta que tienen en el Senado, donde la portavoz del partido, Alicia García, anunció recientemente un choque institucional entre cámaras, cuando reclamó al Congreso que retire la Ley de Amnistía en base al informe de los letrados que la consideran inconstitucional.

El PP ha anunciado que, si el Congreso no se pronuncia o rechaza la petición hecha por la Cámara Alta, acudirán al Tribunal Constitucional, que será el encargado de dirimir el conflicto, el primero de este tipo que se plantea en nuestro país.

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