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Los secuestros parentales marcan nuevo récord en 2023 y el Gobierno oculta la cifra concreta para evitar el escándalo

El informe anual del CNDES pasa de puntillas por el espinoso legado de Irene Montero: casi 500 niños fueron secuestrados el pasado año.

El informe anual del CNDES pasa de puntillas por el espinoso legado de Irene Montero: casi 500 niños fueron secuestrados el pasado año.
Irene Montero entrega la cartera de Igualdad a la nueva ministra, Ana Redondo | Europa Press

A pesar de que hace ya cinco meses que Irene Montero trapasó la cartera de Igualdad a Ana Redondo, el legado de la exministra de Podemos continúa vivo. Tras una legislatura marcada por la férrea defensa de las madres secuestradoras, el número de sustracciones de menores ha marcado un nuevo récord. Según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), cerca de 500 niños fueron secuestrados por uno de sus progenitores en 2023.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior, sin embargo, ha eludido dar la cifra exacta para evitar el escándalo. Al menos así lo interpretan las asociaciones que, como NISDE (Asociación de Niños sin Derechos), luchan para acabar con esta lacra. "Se cita en último lugar, se despacha con un solo párrafo y no se dan cifras para no alarmar", denuncia su presidente, Javier Somoza, que incluso llegó a temer que el CNDES obviara por completo este asunto en su informe después de que España se haya convertido en "líder europeo" en secuestros parentales.

Para evitar que esto sucediera -como ya ocurrió en 2021-, él mismo remitió una carta a dicho organismo para preguntar si se iban a incluir las estadísticas de que las que dispone Fernando Grande Marlaska. Si antes de recibir esta misiva ya se tenía en mente o no es una incógnita, pero lo cierto es que la forma en la que finalmente se han incluido demuestra el escaso interés del Gobierno en dar a conocer a la opinión pública el alcance de este tipo de delitos.

Lo que dice el último informe

Tal y como se puede comprobar en su página web, el CNDES tan solo dedica un párrafo -el último del "Informe ejecutivo de los datos estadísticos"- a las sustracciones parentales, asunto que el Gobierno despacha con un gráfico en el que ni siquiera se muestra la cifra exacta. "Finalmente, a continuación, se muestran los datos relativos a hechos conocidos por delitos de sustracción de menores en España (artículo 225 bis del Código Penal), los cuales proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) – no del sistema PDyRH -, y corresponden a infracciones penales conocidas y registradaspor las FFCCS", reza el documento.

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La única referencia a los secuestros parentales en el último informe del CNDES


Del gráfico de barras se desprende que la cifra roza los 500, récord desde 2010, el año en que se empezaron a elaborar este tipo de estadísticas. Y lo peor es que en NISDE están convencidos de que la situación es peor si cabe "Solo por los casos que nos han llegado a la asociación en el último año, es evidente que son muchos más de 500", advierte Somoza.

Lo que se oculta

Además, tampoco se facilita el sexo del secuestrador, algo por lo que España ya fue reprendida internacionalmente hace seis años. En 2018, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés), situado en La Haya, publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países. Sin embargo, tal y como denunció este organismo, nuestro país se negó a proporcionar datos al respecto.

Tampoco se ofrecen cifras desglosadas por ciudades, provincias o comunidades autónomas que puedan servir para revisar protocolos. Es más, desde NISDE denuncian la falta de interés del Gobierno por modificar aquellos que hacen aguas por todas partes, "como la instrucción que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, que contradice lo que dice el Código Civil en su artículo 156 y permite que los menores salgan de España sin ningún tipo de problema" a pesar de no contar con el permiso de los dos progenitores.

Según Somoza, España se ha convertido así en líder en secuestros parentales por méritos propios: ni hace nada para evitar que las sustracciones parentales sigan aumentando, ni exige la devolución de los menores a los países en los que se refugian los secuestradores. "El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene ningún tipo de problema en sacar informes anuales en los que saca los colores a todos los países incumplidores del Convenio de La Haya. Sin embargo, aquí, nuestro Ministerio de Justicia ni siquiera permite que los mencionemos", lamenta el presidente de NISDE, que asegura que los últimos cinco años han sido "una larga travesía en el desierto".

La opacidad del Gobierno

La opacidad de todo lo que tiene que ver con la sustracción de menores ha sido una constante de que Pedro Sánchez llegó a poder, y más aún desde que el presidente de Gobierno nombró a Irene Montero Ministra de Igualdad. Los datos de 2020 se publicaron incompletos con la excusa de la pandemia y los de 2021 ni siquiera se dieron a conocer en el informe anual correspondiente.

Tras las reiteradas quejas de NISDE, el año pasado el Ejecutivo no solo se vio obligado a publicar las cifras de 2022 (428 niños secuestrados, a pesar de que en la nueva gráfica el número parece ser inferior), sino que no tuvo más remedio que sacar a la luz las anteriores. Fue así cuando descrubrimos el récord de 2021, cuando, según los datos reconocidos por el CNDES, se produjeron 434 sustracciones, la cifra más alta de toda la serie histórica. Con el último informe, sin embargo, queda claro que el récord se habría logrado en 2023, tal y como se puede observar.

La legislatura de los indultos

Junto a los mensajes de apoyo a las madres secuestradoras -a las que Montero y su séquito rebautizaron como "madres protectoras"-, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó polémicos indultos que sirvieron precisamente para alentar a aquellas mujeres que buscaban separar a sus hijos de sus padres, amparándose, en no pocas ocasiones, en denuncias falsas. El primer caso conocido fue el de Juana Rivas. "Es un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista", sentenció la exministra, a pesar de las escalofriantes declaraciones que hizo su hijo y por las que Italia decidió finalmente otorgarle a Francesco Arcuri su custodia.

El menor confesó el chantaje al que Rivas le sometía para decir que su padre le maltrataba y reconoció ante el juez cómo le obligó a grabar vídeos y manipuló sus mensajes. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz, la ministra y todo su séquito ya se habían encargado de construir un relato en el que, aún hoy, muchos ciudadanos -y sobre todo muchas mujeres- siguen creyendo.

En 2022, llegaría otro de los indultos más polémicos: el de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada por mantener a su hijo secuestrado durante dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo, el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner. Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: "Recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar".

A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno le concedió el indulto, una medida de gracia celebrada especialmente por Irene Montero, que llegó a calificarla como "madre protectora", aun sabiendo que todas las denuncias contra su ex fueron desestimadas. No en vano, la ministra fue condenada finalmente por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos, por llamarle "maltratador". Aunque Montero trató de alargar lo máximo posible el cumplimiento de la condena, no tuvo más remedio que pagar y hacer pública la sentencia en su cuenta de X (antes Twitter).

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