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La clave tras la carta "elocuente" de Sánchez: "No se sabe por dónde irá el juez"

Los ministros se sumen en el "silencio" y respetan el periodo de reflexión de Sánchez.

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Los ministros se sumen en el "silencio" y respetan el periodo de reflexión de Sánchez.
Pedro Sánchez abandonando el hemiciclo tras responder a las preguntas de la sesión de control. | Europa Press

En el Gobierno creían que el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya estaba casi olvidado. Llevábamos unas semanas sin más novedades y entendían que la vertiente judicial ya estaba zanjada con la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del ministerio de Escrivá, de archivarlo. Todo saltó por los aires con la decisión del juez de Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado, de abrir diligencias tras admitir una denuncia de Manos Limpias por tráfico de influencias.

La bomba acaba por estallar a las 19:09 de la tarde cuando Sánchez publicaba una carta que algunos definen como "elocuente". A partir de ahí, el Gobierno se sume en el silencio. "Los ministros no tenemos nada que decir", advierten en el entorno de algunas carteras, donde piden respetar los cinco días de reflexión que se ha dado Sánchez.

"Hay factores personales", tercian otras fuentes que añaden que una decisión así puede ser impredecible. La decisión la conocía un grupo muy reducido y solo unos pocos ministros acudieron a Moncloa. Los medios del grupo PRISA citaron una cumbre de urgencia entre el jefe de Gabinete de Sánchez, Oscar López, la vicepresidenta, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Nervios ante la decisión del juez

Antes de la decisión, en el Ejecutivo se centraban en atacar al denunciante: Manos Limpias. "Los conocemos", sentencian algunos ministros que recuerdan que el secretario general del sindicato, Miguel Bernard, estuvo en la cárcel por fraude y extorsión, aunque más tarde fue absuelto. "Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para injuriar y calumniar al presidente del Gobierno", afirmaba este miércoles en los pasillos del Congreso la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El nerviosismo recorre todo el Gobierno ante un asunto que no saben el alcance que puede tener. A diferencia de Sánchez o de cualquier otro ministro, Begoña Gómez no es aforada y puede ser procesada por un tribunal ordinario, aunque todavía no lo está y las citaciones, de momento, son a los periodistas que publicaron las presuntas irregularidades.

"No sabemos por dónde irá el juez", reconocen con pesar en el Ejecutivo donde siguen aferrados al mantra de que se trata "un montaje", que creen que ha sido urdido por el PP. "El problema es que el PP lo utiliza", critican en el Gobierno donde no ha gustado la rueda de prensa de la diputada Esther Muñoz pidiendo explicaciones.

En el Gobierno creen que "se ha cruzado una línea roja" y que "desde la Transición nunca se había atravesado la vida personal y la política". Obviando las explicaciones que Moncloa pide a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto delito fiscal de su novio.

Desconocimiento

Aunque lo que más ha molestado a Moncloa es no haber sido informado y enterarse porque El Confidencial adelantó la apertura de diligencias. "Ese medio de comunicación conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados", terciaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso.

En el Gobierno no conocían que el magistrado estaba abriendo diligencias y decretando el secreto de sumario. No se lo comunicó la Fiscalía, a la que no se le pidió informe, ni tampoco recibieron ningún auto. Sánchez desayunó con la información y, al poco de leerla, ya estaba mostrando su pesar en el Congreso: "A pesar de lo que hemos conocido hoy, sigo creyendo en la Justicia de mi país".

La querella pide que se investigue a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, por tráfico de influencias, tras sus avales a las empresas Carlos Barrabés, uno de los patrocinadores de su máster. La denuncia reclama que se le cite como imputada y solicita al juez que recabe las cartas de recomendación que hizo a las UTEs del empresario antes de llevarse determinados contratos públicos.

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