La ley de amnistía cumple su primer día en vigor y, tal y como se imaginaban en Moncloa, ha ido acompañado de un movimiento de Pablo Llarena en la Sala Segunda del Supremo. El magistrado dictó una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad de la norma y anunciaba que, de momento, mantiene la orden de detención a Carles Puigdemont.
A este escrito, se sumaba otro del Tribunal de Cuentas iniciando el mecanismo para plantear las cuestiones prejudiciales ante la UE o la decisión de los fiscales del 1-O de no acatar la ley de amnistía. Una cataratas de noticias que demuestran que no será tan fácil aplicar la norma fundacional de la legislatura.
En Moncloa tratan de desvincularse de los movimientos judiciales. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, descargaba durante este martes de responsabilidad al Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra, en un claro mensaje a sus socios, aseguraba que el Gobierno "había hecho su trabajo, el Parlamento también, y la ley ya está aprobada".
Emulando a Irene Montero
Alegría ponía el foco en los magistrados. "Tras su entrada en vigor, corresponde a los jueces su aplicación", sentenciaba en varias ocasiones. En privado, son más contundentes. "Ningún tribunal puede negarse a aplicar la ley", sentencian fuentes gubernamentales. Nadie quiere hablar sobre la decisión de Llarena pero sí advierten a los magistrados que tienen que "respetar la voluntad del legislador".
Un argumentario similar al que la exministra de Igualdad, Irene Montero, utilizaba para pedir a los magistrados que no rebajasen las penas a los violadores tras su ley del "sólo sí es sí". En Moncloa creen que "su voluntad" está muy clara en la redacción de la norma. Incluso señalan que Carles Puigdemont "es uno de los protagonistas" de la ley que exige que, una vez que entre en vigor, se levanten las órdenes de detención. De lo contrario, argumentan que será el propio prófugo "el que tenga que hacer valer sus derechos"
Una publicación que se retrasó
La oposición de todos ellos no debería sorprender a Moncloa, que incluyo retrasó la publicación de la ley de amnistía hasta después de las europeas para evitar que los últimos días de la campaña se salpicasen con autos y providencias de los magistrados demostrando que la ley puede ser inconstitucional.
La norma estrella puede paralizarse ya que en las cuestiones prejudiciales, los magistrados se remitirán al TJUE para que estudie si entra en conflicto con el derecho comunitario al amnistiar delitos como los de malversación.