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El Gobierno trata de evitar una repetición electoral en Cataluña atrayendo a ERC con cesiones de impuestos

En el Gobierno ya no descartan la repetición electoral y tratan de concretar más sobre la "financiación singular" a Cataluña.

En el Gobierno ya no descartan la repetición electoral y tratan de concretar más sobre la "financiación singular" a Cataluña.
EFE

El Gobierno empieza a modular su optimismo con respecto a una investidura de Salvador Illa. De repetir como consigna que "todos los caminos conducen" al primer secretario del PSC a admitir que no es "seguro" que salga. Incluso reconocen que a Carles Puigdemont no le importa ir a una repetición electoral. Un escenario que incomoda al resto de partidos, salvo a Junts.

Los socialistas saben que, aunque Illa suba en escaños en unos comicios en octubre, no es descartable que los separatistas puedan volver a sumar de nuevo. El temor empieza a notarse en los rictus de los ministros que ven cómo en Cataluña se asume una repetición electoral pero que, en esta ocasión, podría producirse con un Puigdemont libre, paseándose por las calles catalanas, tras haberle aplicado la ley de amnistía que Sánchez le concedió.

En Moncloa y en Ferraz se emplean en repetir que "la única suma posible" lleva a Illa. Se trataría del ansiado pacto con los comunes y ERC. El problema es que los republicanos no dan muestras de querer pactar con Sánchez. "Están muy sensibles", admiten fuentes del Ejecutivo que piden "prudencia" para "no crear ruido", ante la desconfianza que se ha creado con los separatistas.

La "singularidad" a la carta de ERC

En Moncloa confían en ir esquivando las exigencias. "Pedirán el referéndum porque está en el paquete", reconocen en el Gobierno donde esperan poder centrarse "en otras cosas viables" para poder esquivar la consulta. Como en toda negociación con los partidos catalanes, la viabilidad va relacionada con la chequera. Ahora, toca la manida "financiación singular" que Sánchez ya firmó con ERC y Junts para poder ser investido presidente.

El punto de partido es constituir el Consorcio Tributario de Cataluña, compartido entre el Estado y el Ejecutivo catalán. Se trataría de la primera piedra de la Agencia Tributaria Catalana pero que ven "como un tema que va para largo" y prefieren centrarse en "una financiación singular sobre cuestiones que tengan características especiales". Éstas son las competencias de Mosos, Prisiones y Rodalíes. "Se trata de transferencias que se hicieron en el pacto del Majestic y que ahora hay que financiar", añaden fuentes en la dirección del PSOE.

Una oferta insuficiente para ERC que ya ha advertido que quiere el concierto económico, al estilo vasco. El Gobierno trata de esquivar esta exigencia lanzando balones fuera, hablando de Ayuso y hasta de la financiación actual como sucedió este martes en el Consejo de Ministros. Sólo en la repregunta, la ministra portavoz, Pilar Alegría, deslizaba que el Ejecutivo "nunca había hablando" de un cupo catalán. Al menos, hasta ahora.

En el Gobierno defienden que "no concretan más" para evitar "ahuyentar todo" pero admiten que el concierto es casi imposible. Cualquier cambio en la financiación tiene que ser mediante una ley. Un concierto económico, con la actual composición del Congreso, es casi imposible que salga adelante. Partidos que están integrados en Sumar como Compromís o la Chunta ya han advertido que votarían en contra. La medida tampoco gusta en las dos baronías que le quedan al PSOE: Castilla la Mancha y Asturias o en las federaciones de Andalucía o Extremadura.

La cuestión que queda por dilucidar es si la "singularidad" firmada en los pactos de investidura se podría sacar adelante sin un cambio legal. En Hacienda ya advierten que para "cualquier cambio estructural hay que cambiar la ley". Lo que parece más viable, por tanto, sería la cesión de algunos tributos para que Cataluña financie los Mossos, Prisiones y Rodalíes.

En el Gobierno tratan de incluir este cambalache dentro de una negociación sobre la financiación más amplia. "Queremos cambiar el modelo y queremos pactarlo con el PP", sugieren en el Gobierno ya que el actual modelo, que iba a ser temporal, ya ha caducado y lleva más 13 años en vigor.

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