A Sumar no le parece suficiente con el endurecimiento de las condiciones de contratación de los becarios en las empresas durante los periodos de prácticas de verano. La formación de Yolanda Díaz quiere una vuelta de tuerca más y ya se la ha exigido a su propio Gobierno. Sumar quiere que se adopten "las medidas necesarias para la tramitación, con carácter urgente, del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa en la redacción dada por el acuerdo bipartito alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales". El Estatuto ya existe, pero ahora Sumar pretende que se endurezca con las exigencias del último acuerdo laboral.
"La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo instó al Gobierno a «abordar el Estatuto del Becario». De este modo, consagraba legalmente la previsión de aprobar un Estatuto del personal becario contenida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de abril de 2021", recuerda el partido de Yolanda Díaz.
"Tras 14 meses de negociación en el ámbito del diálogo social tripartito, en junio del 2023 el Ministerio de Trabajo y Economía alcanzaba un acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), sobre el texto del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa (Estatuto del Becario)", añade el documento presentado con la petición por parte de Sumar.
"La importancia de la norma estriba, por un lado, en sus potenciales efectos para corregir el recurso fraudulento a personas en formación para cubrir puestos de trabajo en las empresas y otras instituciones. Esta práctica no solo juega en contra de la generación de empleo en nuestro país y supone un perjuicio patrimonial para las arcas públicas ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de las empresas, sino que desincentiva la futura incorporación al trabajo de la persona estudiante, cuya experiencia resulta en una prestación de servicios idéntica a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, pero sin el reconocimiento de los derechos que le corresponderían como tal", afirman los comunistas.
Menor oferta de plazas
Y, por ello, piden que se limite este uso. Sumar asegura que, "de acuerdo con la última memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social disponible, en 2021 se detectaron 1.038 falsos becarios y becarias en las 1.880 actuaciones en esta materia, lo que pone de relieve que estos comportamientos fraudulentos son una práctica extendida".
Sea o no sea así, lo cierto es que el intento de bloquear esta contratación supondrá una menor oferta de plazas para los becarios.
"Además, el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa reconoce a las personas que realicen estos periodos de prácticas formativas un amplio elenco de derechos, pudiendo destacar los relativos a la compensación de gastos, al descanso, a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras o el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso, cumpliendo así con lo exigido por el artículo 2 del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", afirma Sumar.
Con la aprobación del Estatuto del Becario quedará regulado el contenido de las dos formas complementarias de formación en la empresa: las prácticas no laborales, por un lado, y la contratación formativa, prevista en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, por otro. "En conclusión, se trata de una norma fundamental, fruto del diálogo social, que permitirá dotar a las personas estudiantes y a las empresas de un régimen jurídico que proporciona seguridad jurídica y cierra en nuestro país el modelo de empleo-formación, delimitándolo claramente", concluye Sumar.