El nerviosismo se apodera del Gobierno y del PSOE tras la citación a Pedro Sánchez como testigo. Si al principio, las inyectivas contra el magistrado las hacía el partido, ahora es el Gobierno quien no se oculta en atacar al juez, que está en las diligencias previas, Juan Carlos Peinado. "No es una causa judicial, es una causa política", afirmaba desde la Moncloa la portavoz, Pilar Alegría.
La ministra incluso calificaba el proceso que está llevando Peinado como "innovador" y le reprochaba que la investigación sea "prospectiva". Una forma velada de acusarle de prevaricación como ya hacen en el PSOE. Alegría se remontaba "al origen de esta denuncia" por ser "recortes de prensa llenos de bulos".
"No hay caso, lo que hay es una causa política que claramente está arengando la derecha y la ultraderecha, con un único objetivo: erosionar al presidente y a este Gobierno", terciaba en otro momento desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. En el Congreso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subía más el tono. "Aquí hay un interés de un juez en ser un estrella y en pasar a la posteridad como haber entrado en la Moncloa por tomar declaración al presidente", añadía.
La indignación en Moncloa es evidente. Entre otras cosas porque, Sánchez "todavía no ha sido notificado" de su declaración como testigo. En el Gobierno ponen todas sus expectativas en los dos recursos presentados, por la Fiscalías y las Defensas, ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de frenar el caso.
Alegría, en línea con lo que afirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, terciaba que "este asunto es lo que parece". Más tarde, se arropaba en los votos de hace justo un año. "Doce millones de personas dijeron 'no’ a un gobierno de PP y Vox y sí a un Gobierno progresista", afirmaba como justificante para evitar dar explicaciones por los negocios de Begoña Gómez.